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4 jul 2012
Paraguay: El golpe avisa
Escrito por Gustavo Espinoza Montesinos / (Especial para Prensa Latina)
La derecha más reaccionaria dirá que fue un hecho lamentable, pero necesario; que, en todo caso, se siguió aquí un “modelo” constitucional; y que la responsabilidad de todo, finalmente, recae en el destituido Presidente Lugo por sus informalidades y errores.
Pero lo que no querrá admitir nunca es que quienes obraron en Asunción en los últimos días de esta semana, fueron los encomenderos de Poderes con intereses definidos no sólo en el país, sino también en la región y en el mundo.
Y es que el Golpe consumado por Franco y sus acólitos en el Paraguay martirizado, no se consumó solo contra su pueblo. Fue un proyectil lanzado en el escenario latinoamericano cautelando una estrategia de dominación global que sólo puede ser atribuida al Imperio.
Golpear al Presidente Lugo fue disparar al corazón de Unasur, esa alianza sudamericana que surgió como contrapeso al poder de los Estados Unidos en nuestra América en una circunstancia en la que el gobierno de los Estados Unidos presiona a los países de la región para establecer bases militares que puedan servir a la OTAN con miras a una confrontación militar generalizada. El pretexto, es el mismo: combatir la subversión y asegurar el predominio de la “democracia occidental” en nuestros territorios.
Por eso, el segundo propósito de lo ocurrido en la capital guaraní, fue lanzar una advertencia a sus vecinos. Su origen se sitúa ciertamente más lejos.
El paso inicial se dio, ante la complicidad de los gobiernos reaccionarios de América, en Honduras el año 2010 cuando fue derrocado el régimen constitucional del Presidente Zelaya y se estableció una administración facciosa liderada por el fascista Micheletti.
Los que callaron ayer por los sucesos centroamericanos, callan hoy, pero también obrarán del mismo modo mañana, cuando el Imperio aseste un nuevo garrotazo a nuestros pueblos a fin de imponerles una vez más el yugo de la dominación.
Por eso, el Golpe de Paraguay tiene visos continentales. Como consecuencia de lo que los ciertos analistas suelen llamar “el efecto dominó”, buscará extenderse rápidamente a los países vecinos. El peligro más inmediato surge en Bolivia, donde hoy mismo una facción alzada de policías insurrectos ejecuta acciones francamente sediciosas en las calles de La Paz ante la impotencia ciudadana.
Pero el mismo peligro apunta hacia Argentina, en una circunstancia en la que se ha iniciado ya un vasto operativo desestabilizador contra la Presidenta de ese país, cuestionando -como pretexto- algunas medidas económicas orientadas a cautelar el uso de Divisas en provecho del Estado Argentino.
Pero las cosas van más allá. El Imperio no tiene sólo una estrategia de dominación local, sino continental, e incluso global. Y sabe la Casa Blanca que América Latina es una región vital para los intereses de los Estados Unidos en el Marco de una confrontación militar generalizada, como la que prepara a partir del ataque al régimen Iraní. “Cerrar” América Latina pasa por “alinear” a todos sus gobiernos bajo el bastón de mando de Washington DC. Y eso tiene que ver con una profunda mutación continental.
Para los estrategas del Imperio resulta vital acabar definitivamente con gobiernos contestatarios que cuestionen la política expansionista y succionadora de los Monopolios. Buscarán destruir, una a una todas las resistencias que surjan al mandato norteamericano.
Ecuador y Perú están de ese modo en la mira no tanto porque sus gobiernos -en el plano interno- afecten los intereses de dominación yanqui, sino básicamente porque su política exterior contradice el rumbo trazado por el Pentágono y sus halcones. Ellos necesitan, en efecto, de gobiernos que rompan con Venezuela, que se enfrenten a Cuba, que se distancien de Brasil y que aíslen a la Nicaragua Sandinista, a la que ven como el inicio de un foco infeccioso que afecta sus intereses en Centroamérica.
Se trata, por cierto, de una política de dominación en muy amplia escala en la que se dan la mano intereses de orden económico con propósitos de naturaleza militar. Unos y otros atentan contra la paz mundial, la soberanía de los Estados y los intereses de los pueblos.
En Paraguay el procedimiento seguido ha sido formalmente legal. Pero se ha ejecutado con precisión cronométrica en muy poco tiempo y sin permitir la menor posibilidad de acción a las fuerzas contrarias a este golpe.
Lugo no ha sido investigado ni juzgado. Simplemente despojado de su investidura para ser reemplazado por un Vicepresidente enemigo del proceso bolivariano de Venezuela, adversario de Unasur y crítico de los modelos de transformación hoy en marcha en América Latina.
Tras la maquinaria seudo legal estuvo el concierto de voluntades por parte de cúpulas partidistas corruptas vinculadas a la vieja estructura de dominación que mantuvo en Paraguay por muchos años a la dictadura asesina de Strossner.
Ese tipo de “alianzas” políticas se pueden construir fácilmente en cualquiera de nuestros países alentando en unos la vanidad nunca dormida y la ambición siempre despierta de caudillos eventuales y episódicos.
Una lección, por cierto. Pero, por encima de todo, una experiencia para los pueblos de América Latina. Aunque nada está finalmente dicho en Paraguay, y aunque el rechazo del pueblo guaraní a las maniobras golpistas puede aún hacer retroceder estos planes siniestros; es claro que hay que ajustar los mecanismos de participación democrática, asegurando que ellos respondan realmente a la voluntad ciudadana, y no al capricho de gonfaloneros del Imperio puestos siempre al servicio de las peores causas.
Y lo más importante de todo, asegurar que los gobiernos de los países que buscan un camino liberador, obren en consecuencia y ganen sin reticencia el cariño y el afecto de sus pueblos. Finalmente tendrán en ellos a sus únicos defensores.
*Periodista y luchador social peruano, miembro de la dirección del periódico Nuestra Bandera.
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Juicio político a Fernando Lugo: Dardo al corazón de Unasur
Juan Carlos Díaz Guerrero / (Prensa Latina)

Los acontecimientos del 21 y 22 de junio en Paraguay que dieron al traste con el gobierno del presidente constitucional Fernando Lugo quedarán como otro nefasto capítulo de la historia republicana del pequeño país suramericano y de América Latina.
El golpe de Estado de nuevo tipo -llámese juicio político- aprobado por abrumadora mayoría en el Congreso por la cámara de diputados y senadores, lejos de asombrar, ratifica que la derecha paraguaya y mundial permanece al acecho de los cambios que tienen lugar hoy en Latinoamérica.
No importa que el proceso iniciado en 2008 con la asunción del exobispo católico a la presidencia no sea de los más radicales del continente ni que el poder fáctico haya permanecido intacto en los casi cuatro años que gobernó.
A las fuerzas reaccionarias paraguayas, del continente e internacional les preocupó más la manera en que la nación suramericana, de poco más de seis millones de habitantes, se fue insertando, no con pocos tropiezos, en la madeja integracionista de la región.
La amenaza de juicio político pendió como espada de Damocles sobre Lugo desde el mismo inicio de su mandato y fue utilizada más de una veintena de veces por las fuerzas políticas opositoras para tener en jaque al mandatario y su gobierno.
Entre los argumentos utilizados por la derecha en todo este período estuvieron acusaciones de incapacidad para gobernar, presuntos vínculos con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y con el secuestro del ganadero Fidel Zabala.
Esta feroz campaña, que no cesó un instante, incluyó también la supuesta "incitación a la lucha de clases" por parte del presidente y el escándalo por la denuncia de tres mujeres que le reclamaban la paternidad de sus respectivos hijos.
A finales del pasado año, Lugo fue acusado y amenazado con juicio político por el supuesto de haber violado el artículo 143 de la Constitución al firmar el llamado Protocolo de Montevideo, Usahia II, sobre el compromiso con la democracia.
Los gobernantes de los Estados partes y países asociados rubricaron ese documento en la cumbre del Mercado Común del Sur, celebrada en Uruguay el 20 de diciembre del 2011.
La última amenaza y a la postre la "justificación" para enjuiciar al gobernante provino de un dudoso y trágico suceso del que fueron víctimas mortales 11 campesinos y seis policías cuando estos últimos intentaron desalojar a los labriegos de una finca de un terrateniente del Partido Colorado.
Si bien nunca antes hubo consenso en el Parlamento entre las distintas fuerzas políticas, en mayoría opositora dominadas por colorados y liberales del Partido Radical Auténtico (PLRA), ahora prevaleció la casi total unanimidad en Diputados y en el Senado.
Ese es un elemento importante a tener en cuenta en un país donde alcanzar el consentimiento mayoritario pasa por intensas negociaciones con el consiguiente beneficio, y más aún, con la rivalidad política manifiesta entreliberales y coloradas, no así en el ámbito ideológico.
Téngase en cuenta que Lugo llega al gobierno sustentado por una variopinta alianza de partidos políticos y movimientos sociales, cuya base eleccionaria fundamental fue el PLRA, fuerza que lo acompañó con vaivenes a favor y en contra hasta su destitución.
El carecer de una base política y parlamentaria que lo apoyaran y el contar con una izquierda dispersa y, por momentos, asustadiza,constituyeron elementos clave de la fragilidad de su gobierno, en el que la negociación fue siempre válvula de escape.
Otros dos aspectos interesantes vinculados al cuestionado juicio político, fueron su celebración a nueve meses de los comicios generales del 2013 y la celeridad con que los legisladores de ambas cámaras se pusieron de acuerdo y lo ejecutaron.
Los partidos tradicionales vienen preparándose con todo para recuperar el espacio perdido y es bastante probable que accedan de nuevo al poder, sin un rival atrayente por parte de la izquierda y una figura que pudiera ser aglutinadora como colofón de una alianza, aunque nada está definido aún.
Resulta llamativo, además, que si en ocasiones anteriores sectores como el de la Iglesia, empresarial y ganadero se opusieron a la celebración de ese engendro constitucional, ahora hicieron mutis o aprobaron abiertamente la aplicación del artículo 225 de la Ley suprema, como fue el caso de la Conferencia Episcopal Paraguaya.
El golpe de Estado, arropado bajo una supuesta legalidad constitucional, ocurrió a escaso tiempo de que Paraguay traspase a Perú la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas.
Tampoco puede obviarse que en la vecina Brasil más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno participaban en la reunión Río+20 sobre sostenibilidad medioambiental.
Puede interpretarse que los sucesos en la nación guaraní son un dardo envenenado disparado contra el bloque subregional y todo lo que representa desde el punto de vista de la integración de Suramérica.
Por eso, este ultraje a la democracia, sobrepasa las fronteras paraguayas y se inserta en un nuevo capítulo de vasallaje de la derecha latinoamericana e internacional contra los pueblos del continente.
No caben dudas que detrás de este siniestro plan -repetido una y otra vez en la historia de América Latina- están las manos oscuras de Estados Unidos, principal interesado en lograr el retroceso continental.
El sociólogo paraguayo Tomás Palau, fallecido recientemente, aseguró en entrevista con Prensa Latina que su país "en cierta medida, es clave para las pretensiones estadounidenses, no sólo por su ubicación geográfica, sino por la adhesión de los liderazgos políticos con respecto a la relación con Estados Unidos".
En el período de 35 años que gobernó el dictador Alfredo Stroessner (1954-1989) -dijo Palau- más de una generación de políticos se formaron en esa "incubadora", todos iguales desde el punto de vista ideológico.
3 jul 2012
Paraguay: ¿existen golpes constitucionales?
Escrito por Marcos Roitman Rosemann / La Jornada
Bien decía Engels que la ideología no se esconde en la respuesta, sino en la manera de formular las preguntas. En este caso, al aceptar la interrogante, ¿existen golpes de Estado constitucionales? asumimos que la técnica del golpe de Estado tiene doble cara. Consideramos ilegítimo el uso de la violencia descarnada y la fuerza bruta cuando se trata de acabar con un gobierno constitucional, y por otra parte un golpe de Estado de guante blanco lo catalogamos de extraordinario si no se acompaña del uso de la fuerza y la represión directa. Pero ambos son golpes de Estado constitucionales. Me explico.El imaginario de un golpe de Estado, al menos en su forma recurrente, trae a la mano escenas en la cuales se ven militares ocupando centros neurálgicos, instaurando el toque de queda, suprimiendo libertades, ilegalizando partidos políticos, clausurando parlamentos, violando derechos humanos, asaltando palacios de gobierno y cometiendo asesinatos políticos impunemente. A este cuadro le suele acompañar un discurso apocalíptico. Se aduce un caos generalizado, la pérdida de los valores nacionales, ambición de poder, oscuros intereses de potencias malignas y planes maléficos para instaurar regímenes marxista-leninistas, socialistas o comunistas. Por consiguiente, los golpes de Estado poseen función terapéutica: eliminar el cáncer de los extremismos, restablecer la paz social y recuperar la estabilidad política. Las fuerzas armadas estarían llamadas a cumplir un deber patriótico, encarnando el lado bueno de la fuerza ante una sociedad política corrupta y decadente.
¿Qué otro motivo habría para tomar de manera ilegítima el poder si no se hace esgrimiendo la ilegitimidad del gobierno legal? Esta ha sido la receta utilizada para salvar los escollos legales y presentar a las instituciones armadas como salvadoras de la patria, amenazada por conspiraciones judeo-masónicas y comunistas. Por eso los golpes de Estado están inmersos en un debate ideológico-político. Cuentan con el apoyo de redes civiles, donde se reconocen los grandes poderes fácticos, el capital trasnacional y las multinacionales, las oligarquías terratenientes, las burguesías gerenciales y sus partidos políticos.
Los militares, salvo excepciones, no actúan por su cuenta. Son la mano ejecutora de fuerzas políticas compactas y reaccionarias que manejan, controlan y establecen los planes de la conspiración. Al tener el monopolio legítimo del uso de la violencia y el armamento necesario, son el sujeto perfecto para cumplir la misión, lo cual crea un espejismo: sólo ellos están en condiciones de llevarlo a buen fin, lo cual no es verdad. Hay casos en los que la maniobra sale mal y se producen rupturas entre las fuerzas golpistas o bien no se logra el consenso necesario para avalar el alzamiento. El golpe de Estado contra la II República española se transformó en guerra civil al defender las fuerzas armadas al gobierno constitucional.
Los golpes de Estado impulsados por las fuerzas armadas conforman estados de excepción, cuya característica intrínseca radica en su provisionalidad. Pero la verdad no siempre ha sido así. Más bien podemos afirmar lo contrario. En América Latina las fuerzas armadas, una vez en el poder, han optado por permanecer, bajo la égida de un caudillo o juntas de gobierno, siendo su duración más que sus objetivos, donde surgen los desacuerdos entre los promotores civiles y sus ejecutores directos, las fuerzas armadas. En estos casos el entente no siempre es posible. Puede haber exclusiones de aliados y represión. Esta vía tiene múltiples variables.
La realidad ha sido rica en experiencias. En algunos casos se recurre a crear partidos políticos ad hoc, realizar elecciones no competitivas o instaurar parlamentos títeres. Brasil, Nicaragua, República Dominicana, el Paraguay de Stroessner, Ecuador o Bolivia. Según qué dictadores, decidieron mantener abiertos los parlamentos y mostrar una cara democrática. En el otro extremo tenemos a Chile, donde se cerró el parlamento, se declararon ilegales los partidos de izquierda y en receso a los cómplices del oprobio. Los matices son variados: Argentina, Uruguay, Guatemala, Honduras, El Salvador. Lo cierto es que en todos la presencia de las fuerzas armadas era actor contemplado como parte de la solución, impedir el triunfo de la izquierda o la realización de programas nacionalistas, democráticos y antimperialistas.
Nadie hubiese supuesto, en este falso imaginario, que los golpes de Estado tuviesen procedencia ajena al orden militar. Es decir, proviniesen del poder legislativo, sin ir más lejos. En regímenes presidencialistas, como los latinoamericanos, durante la guerra fría en más de una ocasión asistimos a declamaciones solicitando la intervención de las fuerzas armadas. Uruguay es un caso ejemplar. El 27 de junio de 1973 su presidente, José María Bordaberry, miembro del Partido Colorado, solicitó la actuación de las fuerzas armadas con el siguiente discurso: La acción delictiva de la conspiración contra la patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones para así presentarse encubierta como actitud formalmente legal. Las fuerzas armadas acudieron al llamado. Bordaberry siguió siendo presidente tres años, previa disolución de ambas cámaras -senadores y representantes-, y el resultado fue la instauración de una dictadura cívico-militar.
Sin embargo, concluida la guerra fría hemos pasado de dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional a regímenes políticos validados por las urnas, con una amplia gama de posiciones políticas. Se inauguraba en la década de los 90 del siglo XX un momento dulce. Democracias representativas, militares en los cuarteles y el poder político asumiendo de manera responsable los resultados electorales. Salvo, siempre, casos excepcionales. México o Haití. Los golpes de Estado a la antigua usanza pasaron al baúl de los malos recuerdos. Inclusive el gobierno de Tabaré Vázquez, en Uruguay, condenó a 30 años de prisión a José María Bordaberry por ser responsable del golpe de Estado de 1973. Nada hacía presagiar el retorno de los golpes de Estado. Pero la realidad se muestra obstinada.
Hoy no es necesario que las fuerzas armadas estén en primera línea. Los golpes de Estado pueden remitirse a los parlamentos y desbancar gobiernos legítimos. No por ello dejan de ser golpes de Estado. Ni mejores ni peores. Tal vez, menos sangrientos. Eso ya es un paso, pero igual de antidemocráticos y anclados en discursos tremendistas fundados en la existencia de nuevos enemigos internos, abuso de poder o viejos fantasmas del comunismo internacional, transformados en socialismo del siglo XXI.
Desde 2002, con el intento en Venezuela por derrocar al presidente Hugo Chávez, han resucitado, sin olvidar a Aristide en Haití y extendido a países con nuevos marcos constitucionales democráticos, cuyo articulado reconoce mayor soberanía y declara la ciudadanía plena en el ejercicio del poder. Ecuador y Bolivia. No es el caso de Honduras y Paraguay, cuyas constituciones nacidas en los años 90 del siglo XX tienen el espíritu neoliberal y neoligárquico procedente de la guerra fría. Por este motivo y no otro el parlamento paraguayo ha decidido romper la voluntad del pueblo expresada en las urnas. La destitución del presidente Lugo es tan golpe de Estado como los anteriores. Su triunfo expresa un sueño de la derecha latinoamericana en los años del anticomunismo. Ojalá, piensan, todos los golpes hubieran tenido esta cara amable. Nadie los acusaría de antidemócratas, violadores de los derechos humanos o criminales de lesa humanidad.
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Detrás del golpe: nuevas bases en Paraguay
Escrito por Stella Calloni / La Jornada
Mientras se realizaba el juicio político “express” contra el presidente democráticamente elegido en Paraguay, Fernando Lugo, el pasado 22 de junio, considerado “ilegal” por los países vecinos, diputados paraguayos se reunían con militares de Estados Unidos, para negociar la instalación de una base militar en el Chaco, un territorio extenso y despoblado en ese país.
El diputado José López Chávez que respondía al grupo disidente del Partido Colorado, la UNACE, encabezado por el golpista general Lino Oviedo, con el cuál tiene algunas diferencias, y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja de ese país, confirmó su “esperanza” de que Estados Unidos, instale Bases militares en el Chaco, según fuentes del ABC Color ( www.abc color.com. py).
De acuerdo con este medio , el más poderoso complejo mediático de la derecha en Paraguay y clave en la destitución del presidente Lugo, el diputado López Chávez -un hombre acusado de conductas mafiosas- confirmó que dialogó con jefes militares estadounidenses sobre la posibilidad de instalar las bases, aunque el tema está siendo analizado por el Pentágono
Hablando con una radio paraguaya (789 AM) el legislador argumentó que “es necesario” instalar estas bases ya que, según su apreciación, Bolivia “constituye una amenaza para Paraguay debido a la carrera armementista que desarrolla”. Además argumenta que su país necesita mejorar su seguridad en esas zonas despobladas.
El posible acuerdo bilateral además llevaría al lugar “ayuda humanitaria” de contingentes de tropas estadunidenses” para la población local. Como se sabe la “acción Cívica ” y “ayuda humanitaria”, que ya han realizado tropas de Estados Unidos en Paraguay, a las que se dio inmunidad diplomática en mayo de 2005, es un esquema de contrainsurgencia, de espionaje y control poblacional y territorial.
De acuerdo a las fuentes, esta propuesta tomó estado público el pasado 23 de junio “luego de un encuentro entre referentes de la Comisión de Defensa de diputados con un grupo de generales de Estados Unidos que llegó al país para dialogar sobre eventuales acuerdos de cooperación.”
Esta precisamente podría ser una de las causas de la rapidez con que se sacó a Lugo del medio por los compromisos con el Mercado Común del Sur y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) lo que no hubiera permitido avanzar en este proceso de bases.
En 2009 Lugo había rechazado, aunque débilmente la posibilidad de maniobras grandes del Comando Sur en Paraguay, aduciendo los compromisos con los países asociados.
Pero desde mayo de 2005 -antes de la llegada de Lugo al gobierno- se permitió el ingreso de tropas de Estados Unidos a ese país, con inmunidad, permiso de libre tránsito y permanencia para sus soldados con vigencia hasta diciembre de 2006 y prorrogable automáticamente como en ese momento publicó el periódico La Jornada.
Fue uno de los golpes más fuertes que Washington descargó sobre el Mercosur. Renunciando a su poder jurisdiccional, ya que las tropas pueden trasegar armamentos, equipos y medicamentos y actuar en cualquier lugar del territorio, sin nuevas autorizaciones en esos momentos, entró el primer contingente de 400 soldados y grupos especiales.
En realidad en Paraguay este tipo de tropas nunca se fueron. Cuando el dictador Alfredo Stroessner fue derrocado por un golpe “entre amigos” en febrero de 1989, se mantuvieron en el poder, militares que habían participado de esa larga dictadura (1954-1989). Paraguay perdió entonces el derecho de investigar los delitos que pudieran cometer las tropas extranjeras y no podrá demandar a Washington ante la Corte Penal Internacional, violando su propia legislación.
En Paraguay informes detallados de analistas militares advirtieron sobre la poderosa infraestructura de Estados Unidos en un país de importancia geoestratégica porque limita con Bolivia, Brasil, Argentina y está con relativa cercanía de otros, donde hay bases estadunidenses.
También los militares del Comando Sur, han marcado el territorio que está sobre el extenso Acuífero guaraní, uno de los más grandes de agua potable del mundo ubicado en la Triple Frontera que tiene Paraguay con Argentina y Brasil.
De acuerdo a los informes militares todos los cuarteles paraguayos cercanos a las fronteras, están preparados como infrastructura para las tropas de Estados Unidos, que incluso han cavado pozos artesanos, para agua potable, supuestamente para campesinos, que en realidad estos no utilizan.
De la misma manera el cuartel Mariscal Estigarribia, situado sólo a 250 Km de Bolivia, tiene una pista de casi tres mil metros de largo, en un país, que tiene escasas Fuerza Aéreas.
Esa pista la construyeron las tropas estadunidenses, e incluso la modernizaron en los últimos años y está diseñada para recibir los aviones Galaxy y otras naves de Estados Unidos portadoras de equipos, armamento en gran escala, como también está preparada la pista de la Base de Palmerola en Honduras . De la misma manera allí pueden ubicarse miles de soldados, si se requiere hacerlo en cualquier momento.
Está señalada como una de las bases -en este caso una poderosa infraestructura- entre las que tiene Estados Unidos en América Latina.
Sin embargo, es evidente que ante la ofensiva que está en marcha sobre los gobiernos de Sudamérica, que posibilitaron un escenario golpista en Bolivia y Paraguay, en los días de junio de este año, así como conatos desestabilizadores en Argentina, necesitan ubicar más tropas en ese lugar estratégico.
La noticia de estos acuerdos hablados entre los corruptos diputados ligados a la pasada dictadura y los generales estadunidensea, no sorprende en estas circunstancias. Y precisamente en un país donde la lucha por las tierras robadas y “malhabidas”, como las caracterizó la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia , el conflicto social es una cuestión permanente.
Para los campesinos recuperar sus tierras es una cuestión de vida o muerte. Especialmente por los ataques de los llamados “brasiguayos” y sus grupos de choque, empresarios sojeros de Brasil, pero como sostiene Martín Alamda defensor de derechos humanos, forman parte de las grandes corporaciones como Monsanto que avanzan sobre el continente.
Detrás de la destitución de Lugo, hay una serie de elementos que deben verse como un golpe estratégico para el proyecto de desestabilización tendiente a golpear a la integración latinoamericana.
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