La Carta Magna es el destino, nuestro destino

Escrito por Noam Chomsky / La Jornada

Sucesos recientes marcan una trayectoria amenazadora, en forma suficientemente clara, que quizá valga la pena ver hacia el futuro unas cuantas generaciones, hasta el aniversario milenario de uno de los grandes hitos en el establecimiento de los derechos civiles y humanos: la creación de la Carta Magna, la cédula de las libertades inglesas que le fue impuesta al rey Juan en 1215.

Lo que hagamos ahora mismo o dejemos de hacer determinará qué tipo de mundo recibirá al aniversario. No es una perspectiva atractiva –en buena parte porque la Carta Magna está siendo desgarrada frente a nuestros ojos.

La primera edición académica de la Carta Magna fue publicada en 1759 por el jurista William Blackstone, cuya obra fue una de las fuentes de la legislación constitucional de Estados Unidos. Fue intitulada The great charter and the charter of the forest, siguiendo las prácticas previas. Ambas cartas son altamente significativas hoy día.

La primera, la Carta de las Libertades, es generalmente reconocida como la piedra toral de los derechos fundamentales de los pueblos de habla inglesa –o como expresó Winston Churchill, en forma más amplia, la carta de cualquier hombre que se respete así mismo en cualquier tiempo y cualquier tierra.

En 1679 la carta se vio enriquecida por la ley de habeas corpus, oficialmente llamada una ley para mejor aseguramiento de la libertad del sujeto y para prevenir el encarcelamiento allende los mares. La versión moderna, más severa, es llamada rendición –encarcelamiento con fines de tortura.

Junto con buena parte de la legislación inglesa, la ley fue incorporada a la Constitución de Estados Unidos, la cual afirma que el auto de habeas corpus no será suspendido salvo en caso de rebelión o invasión. En 1961, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que los derechos garantizados por esta ley fueron considerados por los fundadores como la más importante salvaguarda de la libertad.

Más específicamente, la Constitución garantiza que ninguna persona (será) privada de vida, libertad o propiedad sin el proceso debido de la ley (y) un juicio rápido y público por sus pares.

El Departamento de Justicia explicó recientemente que esas garantías han quedado satisfechas por deliberaciones internas en la rama ejecutiva, como informaron Jo Becker y Scott Shane a The New York Times el 20 de mayo. Barack Obama, el abogado constitucional de la Casa Blanca, estuvo de acuerdo. El rey Juan hubiera asentido con satisfacción.

El principio subyacente de presunción de inocencia también ha recibido una interpretación original. En el cálculo de la lista de ejecución de terroristas del presidente todo varón en edad militar en una zona de ataque es contado, de hecho, como combatiente, a menos que haya conocimiento póstumo que pruebe su inocencia, explicaron Becker y Shane. Esta determinación de inocencia posterior al asesinato es suficiente, actualmente, para mantener este principio sagrado.

Esto es sólo una muestra del desmantelamiento de la carta de todo hombre que se respete a sí mismo.

La Carta del Bosque que la acompaña es quizá incluso más pertinente hoy día. Demandaba protección del pueblo bajo o vulgo por el poder externo. Ese vulgo era la fuente de mantenimiento para la población en general –su combustible, sus alimentos, sus materiales de construcción. El Bosque no era la tierra llana. Era tierra cuidadosamente nutrida, mantenida en común, con riquezas disponibles para todos, preservada para generaciones futuras. Para el siglo XVII, la Carta del Bosque había caído víctima de la economía de materias primas, de la práctica del capitalismo y de la moralidad. Ya no protegida por cooperativas y por su uso, los comunes estaban restringidos a lo que no podía ser privatizado –una categoría que sigue reduciéndose ante nuestros ojos. El mes pasado, el Banco Mundial decretó que la multinacional minera Pacific Rim puede proceder en su caso contra El Salvador por tratar de preservar tierras y materias primas y comunidades contra la altamente destructiva minería de oro. La protección ambiental privaría a la compañía de ganancias futuras, un crimen según las reglas del régimen de derechos de inversionistas mal llamado libre comercio.

Éste es sólo un ejemplo de las luchas que se libran hoy en buena parte del mundo, algunas con violencia extrema, como en Congo, rico en recursos, donde millones de seres humanos han sido asesinados en años recientes para asegurar una reserva amplia de minerales para teléfonos celulares y otros usos, y, por supuesto, amplias utilidades.

El desmantelamiento de la Carta del Bosque trajo consigo una revisión radical de cómo los comunes son concebidos, capturada en 1968 por la influyente tesis de Garret Hardin, que asegura la libertad en los comunes nos causa ruina a todos, la famosa tragedia de los comunes. Lo que no es de propiedad privada será destruido por la avaricia individualista. La doctrina no carece de ser desafío. Elinor Olstrom ganó el Premio Nobel Memorial en Ciencias Económicas en 2009 por su trabajo para mostrar la superioridad de los comunes administrados por sus usuarios.

Pero la doctrina tiene fuerza si nosotros aceptamos el principio implícito de que los seres humanos están ciegamente impulsados por lo que los trabajadores estadunidenses, en la aurora de la revolución industrial, llamaron el nuevo espíritu de la era, obtener riqueza olvidándose de todo menos de uno mismo –doctrina que ellos condenaron amargamente como destructiva, ataque contra la naturaleza misma del pueblo.

Enormes esfuerzos se han dedicado desde entonces a inculcar el nuevo espíritu de la era. Grandes industrias dedicadas a lo que el economista político Thorstein Veblem llamó fabricar deseos –dirigir a la gente a las cosas superficiales de la vida, como el consumismo de modas” en las palabras de Paul Nystrom, profesor de mercadotecnia de la Universidad de Columbia.

De esa forma la gente puede ser atomizada, dedicada sólo a la búsqueda de ganancia personal y alejada de esfuerzos peligrosos, como pensar por su cuenta, unidos y desafiar a la autoridad.

Es innecesario pensar en los peligros extremos planteados por un elemento central de la destrucción de los comunes: la dependencia de combustibles fósiles, que plantea un desastre global. Se puede debatir acerca de los detalles, pero hay escasas dudas serias de que los problemas son demasiado reales y que en la medida que posterguemos su solución más terrible será el legado que dejemos a las próximas generaciones. La reciente conferencia de Río+20 es el esfuerzo más reciente. Sus aspiraciones eran pequeñas y su resultado irrisorio.

A la cabeza en enfrentarse a esta crisis, a lo largo del mundo, se encuentran las comunidades indígenas. La posición más firme ha sido tomada por el país que ellos gobiernan, Bolivia, el país más pobre en Sudamérica y, durante siglos, víctima de la destrucción de sus ricos recursos por occidente.

Después del ignominioso colapso de la cumbre de cambio climático global en Copenhague, en 2000, Bolivia organizó una cumbre de pueblos con 35 mil participantes de 140 países. La cumbre hizo un llamado para la severa reducción de emisiones y una Declaración de Derechos de la Madre Tierra. Ésa es una demanda clave de las comunidades indígenas de todo el mundo.

La demanda es ridiculizada por los occidentales sofisticados, pero a menos que podamos adquirir algo de la sensibilidad de las comunidades indígenas es muy probable que ellos rían al último –una risa de amarga desesperación.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/08/index.php?section=opinion&article=026a1mun

Paraguay: El golpe avisa

Escrito por Gustavo Espinoza Montesinos / (Especial para Prensa Latina)

La derecha más reaccionaria dirá que fue un hecho lamentable, pero necesario; que, en todo caso, se siguió aquí un “modelo” constitucional; y que la responsabilidad de todo, finalmente, recae en el destituido Presidente Lugo por sus informalidades y errores.

Pero lo que no querrá admitir nunca es que quienes obraron en Asunción en los últimos días de esta semana, fueron los encomenderos de Poderes con intereses definidos no sólo en el país, sino también en la región y en el mundo.

Y es que el Golpe consumado por Franco y sus acólitos en el Paraguay martirizado, no se consumó solo contra su pueblo. Fue un proyectil lanzado en el escenario latinoamericano cautelando una estrategia de dominación global que sólo puede ser atribuida al Imperio.

Golpear al Presidente Lugo fue disparar al corazón de Unasur, esa alianza sudamericana que surgió como contrapeso al poder de los Estados Unidos en nuestra América en una circunstancia en la que el gobierno de los Estados Unidos presiona a los países de la región para establecer bases militares que puedan servir a la OTAN con miras a una confrontación militar generalizada. El pretexto, es el mismo: combatir la subversión y asegurar el predominio de la “democracia occidental” en nuestros territorios.

Por eso, el segundo propósito de lo ocurrido en la capital guaraní, fue lanzar una advertencia a sus vecinos. Su origen se sitúa ciertamente más lejos.

El paso inicial se dio, ante la complicidad de los gobiernos reaccionarios de América, en Honduras el año 2010 cuando fue derrocado el régimen constitucional del Presidente Zelaya y se estableció una administración facciosa liderada por el fascista Micheletti.

Los que callaron ayer por los sucesos centroamericanos, callan hoy, pero también obrarán del mismo modo mañana, cuando el Imperio aseste un nuevo garrotazo a nuestros pueblos a fin de imponerles una vez más el yugo de la dominación.

Por eso, el Golpe de Paraguay tiene visos continentales. Como consecuencia de lo que los ciertos analistas suelen llamar “el efecto dominó”, buscará extenderse rápidamente a los países vecinos. El peligro más inmediato surge en Bolivia, donde hoy mismo una facción alzada de policías insurrectos ejecuta acciones francamente sediciosas en las calles de La Paz ante la impotencia ciudadana.

Pero el mismo peligro apunta hacia Argentina, en una circunstancia en la que se ha iniciado ya un vasto operativo desestabilizador contra la Presidenta de ese país, cuestionando -como pretexto- algunas medidas económicas orientadas a cautelar el uso de Divisas en provecho del Estado Argentino.

Pero las cosas van más allá. El Imperio no tiene sólo una estrategia de dominación local, sino continental, e incluso global. Y sabe la Casa Blanca que América Latina es una región vital para los intereses de los Estados Unidos en el Marco de una confrontación militar generalizada, como la que prepara a partir del ataque al régimen Iraní. “Cerrar” América Latina pasa por “alinear” a todos sus gobiernos bajo el bastón de mando de Washington DC. Y eso tiene que ver con una profunda mutación continental.

Para los estrategas del Imperio resulta vital acabar definitivamente con gobiernos contestatarios que cuestionen la política expansionista y succionadora de los Monopolios. Buscarán destruir, una a una todas las resistencias que surjan al mandato norteamericano.

Ecuador y Perú están de ese modo en la mira no tanto porque sus gobiernos -en el plano interno- afecten los intereses de dominación yanqui, sino básicamente porque su política exterior contradice el rumbo trazado por el Pentágono y sus halcones. Ellos necesitan, en efecto, de gobiernos que rompan con Venezuela, que se enfrenten a Cuba, que se distancien de Brasil y que aíslen a la Nicaragua Sandinista, a la que ven como el inicio de un foco infeccioso que afecta sus intereses en Centroamérica.

Se trata, por cierto, de una política de dominación en muy amplia escala en la que se dan la mano intereses de orden económico con propósitos de naturaleza militar. Unos y otros atentan contra la paz mundial, la soberanía de los Estados y los intereses de los pueblos.

En Paraguay el procedimiento seguido ha sido formalmente legal. Pero se ha ejecutado con precisión cronométrica en muy poco tiempo y sin permitir la menor posibilidad de acción a las fuerzas contrarias a este golpe.

Lugo no ha sido investigado ni juzgado. Simplemente despojado de su investidura para ser reemplazado por un Vicepresidente enemigo del proceso bolivariano de Venezuela, adversario de Unasur y crítico de los modelos de transformación hoy en marcha en América Latina.

Tras la maquinaria seudo legal estuvo el concierto de voluntades por parte de cúpulas partidistas corruptas vinculadas a la vieja estructura de dominación que mantuvo en Paraguay por muchos años a la dictadura asesina de Strossner.
Ese tipo de “alianzas” políticas se pueden construir fácilmente en cualquiera de nuestros países alentando en unos la vanidad nunca dormida y la ambición siempre despierta de caudillos eventuales y episódicos.

Una lección, por cierto. Pero, por encima de todo, una experiencia para los pueblos de América Latina. Aunque nada está finalmente dicho en Paraguay, y aunque el rechazo del pueblo guaraní a las maniobras golpistas puede aún hacer retroceder estos planes siniestros; es claro que hay que ajustar los mecanismos de participación democrática, asegurando que ellos respondan realmente a la voluntad ciudadana, y no al capricho de gonfaloneros del Imperio puestos siempre al servicio de las peores causas.

Y lo más importante de todo, asegurar que los gobiernos de los países que buscan un camino liberador, obren en consecuencia y ganen sin reticencia el cariño y el afecto de sus pueblos. Finalmente tendrán en ellos a sus únicos defensores.

*Periodista y luchador social peruano, miembro de la dirección del periódico Nuestra Bandera.

Juicio político a Fernando Lugo: Dardo al corazón de Unasur

Juan Carlos Díaz Guerrero / (Prensa Latina)



Los acontecimientos del 21 y 22 de junio en Paraguay que dieron al traste con el gobierno del presidente constitucional Fernando Lugo quedarán como otro nefasto capítulo de la historia republicana del pequeño país suramericano y de América Latina.

El golpe de Estado de nuevo tipo -llámese juicio político- aprobado por abrumadora mayoría en el Congreso por la cámara de diputados y senadores, lejos de asombrar, ratifica que la derecha paraguaya y mundial permanece al acecho de los cambios que tienen lugar hoy en Latinoamérica.

No importa que el proceso iniciado en 2008 con la asunción del exobispo católico a la presidencia no sea de los más radicales del continente ni que el poder fáctico haya permanecido intacto en los casi cuatro años que gobernó.

A las fuerzas reaccionarias paraguayas, del continente e internacional les preocupó más la manera en que la nación suramericana, de poco más de seis millones de habitantes, se fue insertando, no con pocos tropiezos, en la madeja integracionista de la región.
La amenaza de juicio político pendió como espada de Damocles sobre Lugo desde el mismo inicio de su mandato y fue utilizada más de una veintena de veces por las fuerzas políticas opositoras para tener en jaque al mandatario y su gobierno.

Entre los argumentos utilizados por la derecha en todo este período estuvieron acusaciones de incapacidad para gobernar, presuntos vínculos con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y con el secuestro del ganadero Fidel Zabala.

Esta feroz campaña, que no cesó un instante, incluyó también la supuesta "incitación a la lucha de clases" por parte del presidente y el escándalo por la denuncia de tres mujeres que le reclamaban la paternidad de sus respectivos hijos.

A finales del pasado año, Lugo fue acusado y amenazado con juicio político por el supuesto de haber violado el artículo 143 de la Constitución al firmar el llamado Protocolo de Montevideo, Usahia II, sobre el compromiso con la democracia.

Los gobernantes de los Estados partes y países asociados rubricaron ese documento en la cumbre del Mercado Común del Sur, celebrada en Uruguay el 20 de diciembre del 2011.

La última amenaza y a la postre la "justificación" para enjuiciar al gobernante provino de un dudoso y trágico suceso del que fueron víctimas mortales 11 campesinos y seis policías cuando estos últimos intentaron desalojar a los labriegos de una finca de un terrateniente del Partido Colorado.

Si bien nunca antes hubo consenso en el Parlamento entre las distintas fuerzas políticas, en mayoría opositora dominadas por colorados y liberales del Partido Radical Auténtico (PLRA), ahora prevaleció la casi total unanimidad en Diputados y en el Senado.

Ese es un elemento importante a tener en cuenta en un país donde alcanzar el consentimiento mayoritario pasa por intensas negociaciones con el consiguiente beneficio, y más aún, con la rivalidad política manifiesta entreliberales y coloradas, no así en el ámbito ideológico.

Téngase en cuenta que Lugo llega al gobierno sustentado por una variopinta alianza de partidos políticos y movimientos sociales, cuya base eleccionaria fundamental fue el PLRA, fuerza que lo acompañó con vaivenes a favor y en contra hasta su destitución.

El carecer de una base política y parlamentaria que lo apoyaran y el contar con una izquierda dispersa y, por momentos, asustadiza,constituyeron elementos clave de la fragilidad de su gobierno, en el que la negociación fue siempre válvula de escape.

Otros dos aspectos interesantes vinculados al cuestionado juicio político, fueron su celebración a nueve meses de los comicios generales del 2013 y la celeridad con que los legisladores de ambas cámaras se pusieron de acuerdo y lo ejecutaron.

Los partidos tradicionales vienen preparándose con todo para recuperar el espacio perdido y es bastante probable que accedan de nuevo al poder, sin un rival atrayente por parte de la izquierda y una figura que pudiera ser aglutinadora como colofón de una alianza, aunque nada está definido aún.

Resulta llamativo, además, que si en ocasiones anteriores sectores como el de la Iglesia, empresarial y ganadero se opusieron a la celebración de ese engendro constitucional, ahora hicieron mutis o aprobaron abiertamente la aplicación del artículo 225 de la Ley suprema, como fue el caso de la Conferencia Episcopal Paraguaya.

El golpe de Estado, arropado bajo una supuesta legalidad constitucional, ocurrió a escaso tiempo de que Paraguay traspase a Perú la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas.
Tampoco puede obviarse que en la vecina Brasil más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno participaban en la reunión Río+20 sobre sostenibilidad medioambiental.

Puede interpretarse que los sucesos en la nación guaraní son un dardo envenenado disparado contra el bloque subregional y todo lo que representa desde el punto de vista de la integración de Suramérica.
Por eso, este ultraje a la democracia, sobrepasa las fronteras paraguayas y se inserta en un nuevo capítulo de vasallaje de la derecha latinoamericana e internacional contra los pueblos del continente.

No caben dudas que detrás de este siniestro plan -repetido una y otra vez en la historia de América Latina- están las manos oscuras de Estados Unidos, principal interesado en lograr el retroceso continental.

El sociólogo paraguayo Tomás Palau, fallecido recientemente, aseguró en entrevista con Prensa Latina que su país "en cierta medida, es clave para las pretensiones estadounidenses, no sólo por su ubicación geográfica, sino por la adhesión de los liderazgos políticos con respecto a la relación con Estados Unidos".
En el período de 35 años que gobernó el dictador Alfredo Stroessner (1954-1989) -dijo Palau- más de una generación de políticos se formaron en esa "incubadora", todos iguales desde el punto de vista ideológico.

Paraguay: ¿existen golpes constitucionales?

Escrito por Marcos Roitman Rosemann / La Jornada

Bien decía Engels que la ideología no se esconde en la respuesta, sino en la manera de formular las preguntas. En este caso, al aceptar la interrogante, ¿existen golpes de Estado constitucionales? asumimos que la técnica del golpe de Estado tiene doble cara. Consideramos ilegítimo el uso de la violencia descarnada y la fuerza bruta cuando se trata de acabar con un gobierno constitucional, y por otra parte un golpe de Estado de guante blanco lo catalogamos de extraordinario si no se acompaña del uso de la fuerza y la represión directa. Pero ambos son golpes de Estado constitucionales. Me explico.

El imaginario de un golpe de Estado, al menos en su forma recurrente, trae a la mano escenas en la cuales se ven militares ocupando centros neurálgicos, instaurando el toque de queda, suprimiendo libertades, ilegalizando partidos políticos, clausurando parlamentos, violando derechos humanos, asaltando palacios de gobierno y cometiendo asesinatos políticos impunemente. A este cuadro le suele acompañar un discurso apocalíptico. Se aduce un caos generalizado, la pérdida de los valores nacionales, ambición de poder, oscuros intereses de potencias malignas y planes maléficos para instaurar regímenes marxista-leninistas, socialistas o comunistas. Por consiguiente, los golpes de Estado poseen función terapéutica: eliminar el cáncer de los extremismos, restablecer la paz social y recuperar la estabilidad política. Las fuerzas armadas estarían llamadas a cumplir un deber patriótico, encarnando el lado bueno de la fuerza ante una sociedad política corrupta y decadente.

¿Qué otro motivo habría para tomar de manera ilegítima el poder si no se hace esgrimiendo la ilegitimidad del gobierno legal? Esta ha sido la receta utilizada para salvar los escollos legales y presentar a las instituciones armadas como salvadoras de la patria, amenazada por conspiraciones judeo-masónicas y comunistas. Por eso los golpes de Estado están inmersos en un debate ideológico-político. Cuentan con el apoyo de redes civiles, donde se reconocen los grandes poderes fácticos, el capital trasnacional y las multinacionales, las oligarquías terratenientes, las burguesías gerenciales y sus partidos políticos.

Los militares, salvo excepciones, no actúan por su cuenta. Son la mano ejecutora de fuerzas políticas compactas y reaccionarias que manejan, controlan y establecen los planes de la conspiración. Al tener el monopolio legítimo del uso de la violencia y el armamento necesario, son el sujeto perfecto para cumplir la misión, lo cual crea un espejismo: sólo ellos están en condiciones de llevarlo a buen fin, lo cual no es verdad. Hay casos en los que la maniobra sale mal y se producen rupturas entre las fuerzas golpistas o bien no se logra el consenso necesario para avalar el alzamiento. El golpe de Estado contra la II República española se transformó en guerra civil al defender las fuerzas armadas al gobierno constitucional.

Los golpes de Estado impulsados por las fuerzas armadas conforman estados de excepción, cuya característica intrínseca radica en su provisionalidad. Pero la verdad no siempre ha sido así. Más bien podemos afirmar lo contrario. En América Latina las fuerzas armadas, una vez en el poder, han optado por permanecer, bajo la égida de un caudillo o juntas de gobierno, siendo su duración más que sus objetivos, donde surgen los desacuerdos entre los promotores civiles y sus ejecutores directos, las fuerzas armadas. En estos casos el entente no siempre es posible. Puede haber exclusiones de aliados y represión. Esta vía tiene múltiples variables.

La realidad ha sido rica en experiencias. En algunos casos se recurre a crear partidos políticos ad hoc, realizar elecciones no competitivas o instaurar parlamentos títeres. Brasil, Nicaragua, República Dominicana, el Paraguay de Stroessner, Ecuador o Bolivia. Según qué dictadores, decidieron mantener abiertos los parlamentos y mostrar una cara democrática. En el otro extremo tenemos a Chile, donde se cerró el parlamento, se declararon ilegales los partidos de izquierda y en receso a los cómplices del oprobio. Los matices son variados: Argentina, Uruguay, Guatemala, Honduras, El Salvador. Lo cierto es que en todos la presencia de las fuerzas armadas era actor contemplado como parte de la solución, impedir el triunfo de la izquierda o la realización de programas nacionalistas, democráticos y antimperialistas.

Nadie hubiese supuesto, en este falso imaginario, que los golpes de Estado tuviesen procedencia ajena al orden militar. Es decir, proviniesen del poder legislativo, sin ir más lejos. En regímenes presidencialistas, como los latinoamericanos, durante la guerra fría en más de una ocasión asistimos a declamaciones solicitando la intervención de las fuerzas armadas. Uruguay es un caso ejemplar. El 27 de junio de 1973 su presidente, José María Bordaberry, miembro del Partido Colorado, solicitó la actuación de las fuerzas armadas con el siguiente discurso: La acción delictiva de la conspiración contra la patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones para así presentarse encubierta como actitud formalmente legal. Las fuerzas armadas acudieron al llamado. Bordaberry siguió siendo presidente tres años, previa disolución de ambas cámaras -senadores y representantes-, y el resultado fue la instauración de una dictadura cívico-militar.

Sin embargo, concluida la guerra fría hemos pasado de dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional a regímenes políticos validados por las urnas, con una amplia gama de posiciones políticas. Se inauguraba en la década de los 90 del siglo XX un momento dulce. Democracias representativas, militares en los cuarteles y el poder político asumiendo de manera responsable los resultados electorales. Salvo, siempre, casos excepcionales. México o Haití. Los golpes de Estado a la antigua usanza pasaron al baúl de los malos recuerdos. Inclusive el gobierno de Tabaré Vázquez, en Uruguay, condenó a 30 años de prisión a José María Bordaberry por ser responsable del golpe de Estado de 1973. Nada hacía presagiar el retorno de los golpes de Estado. Pero la realidad se muestra obstinada.

Hoy no es necesario que las fuerzas armadas estén en primera línea. Los golpes de Estado pueden remitirse a los parlamentos y desbancar gobiernos legítimos. No por ello dejan de ser golpes de Estado. Ni mejores ni peores. Tal vez, menos sangrientos. Eso ya es un paso, pero igual de antidemocráticos y anclados en discursos tremendistas fundados en la existencia de nuevos enemigos internos, abuso de poder o viejos fantasmas del comunismo internacional, transformados en socialismo del siglo XXI.

Desde 2002, con el intento en Venezuela por derrocar al presidente Hugo Chávez, han resucitado, sin olvidar a Aristide en Haití y extendido a países con nuevos marcos constitucionales democráticos, cuyo articulado reconoce mayor soberanía y declara la ciudadanía plena en el ejercicio del poder. Ecuador y Bolivia. No es el caso de Honduras y Paraguay, cuyas constituciones nacidas en los años 90 del siglo XX tienen el espíritu neoliberal y neoligárquico procedente de la guerra fría. Por este motivo y no otro el parlamento paraguayo ha decidido romper la voluntad del pueblo expresada en las urnas. La destitución del presidente Lugo es tan golpe de Estado como los anteriores. Su triunfo expresa un sueño de la derecha latinoamericana en los años del anticomunismo. Ojalá, piensan, todos los golpes hubieran tenido esta cara amable. Nadie los acusaría de antidemócratas, violadores de los derechos humanos o criminales de lesa humanidad.

Detrás del golpe: nuevas bases en Paraguay

Escrito por Stella Calloni / La Jornada

Mientras se realizaba el juicio político “express” contra el presidente democráticamente elegido en Paraguay, Fernando Lugo, el pasado 22 de junio, considerado “ilegal” por los países vecinos, diputados paraguayos se reunían con militares de Estados Unidos, para negociar la instalación de una base militar en el Chaco, un territorio extenso y despoblado en ese país.

El diputado José López Chávez que respondía al grupo disidente del Partido Colorado, la UNACE, encabezado por el golpista general Lino Oviedo, con el cuál tiene algunas diferencias, y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja de ese país, confirmó su “esperanza” de que Estados Unidos, instale Bases militares en el Chaco, según fuentes del ABC Color ( www.abc color.com. py).

De acuerdo con este medio , el más poderoso complejo mediático de la derecha en Paraguay y clave en la destitución del presidente Lugo, el diputado López Chávez -un hombre acusado de conductas mafiosas- confirmó que dialogó con jefes militares estadounidenses sobre la posibilidad de instalar las bases, aunque el tema está siendo analizado por el Pentágono

Hablando con una radio paraguaya (789 AM) el legislador argumentó que “es necesario” instalar estas bases ya que, según su apreciación, Bolivia “constituye una amenaza para Paraguay debido a la carrera armementista que desarrolla”. Además argumenta que su país necesita mejorar su seguridad en esas zonas despobladas.

El posible acuerdo bilateral además llevaría al lugar “ayuda humanitaria” de contingentes de tropas estadunidenses” para la población local. Como se sabe la “acción Cívica ” y “ayuda humanitaria”, que ya han realizado tropas de Estados Unidos en Paraguay, a las que se dio inmunidad diplomática en mayo de 2005, es un esquema de contrainsurgencia, de espionaje y control poblacional y territorial.

De acuerdo a las fuentes, esta propuesta tomó estado público el pasado 23 de junio “luego de un encuentro entre referentes de la Comisión de Defensa de diputados con un grupo de generales de Estados Unidos que llegó al país para dialogar sobre eventuales acuerdos de cooperación.”

Esta precisamente podría ser una de las causas de la rapidez con que se sacó a Lugo del medio por los compromisos con el Mercado Común del Sur y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) lo que no hubiera permitido avanzar en este proceso de bases.

En 2009 Lugo había rechazado, aunque débilmente la posibilidad de maniobras grandes del Comando Sur en Paraguay, aduciendo los compromisos con los países asociados.

Pero desde mayo de 2005 -antes de la llegada de Lugo al gobierno- se permitió el ingreso de tropas de Estados Unidos a ese país, con inmunidad, permiso de libre tránsito y permanencia para sus soldados con vigencia hasta diciembre de 2006 y prorrogable automáticamente como en ese momento publicó el periódico La Jornada.

Fue uno de los golpes más fuertes que Washington descargó sobre el Mercosur. Renunciando a su poder jurisdiccional, ya que las tropas pueden trasegar armamentos, equipos y medicamentos y actuar en cualquier lugar del territorio, sin nuevas autorizaciones en esos momentos, entró el primer contingente de 400 soldados y grupos especiales.

En realidad en Paraguay este tipo de tropas nunca se fueron. Cuando el dictador Alfredo Stroessner fue derrocado por un golpe “entre amigos” en febrero de 1989, se mantuvieron en el poder, militares que habían participado de esa larga dictadura (1954-1989). Paraguay perdió entonces el derecho de investigar los delitos que pudieran cometer las tropas extranjeras y no podrá demandar a Washington ante la Corte Penal Internacional, violando su propia legislación.

En Paraguay informes detallados de analistas militares advirtieron sobre la poderosa infraestructura de Estados Unidos en un país de importancia geoestratégica porque limita con Bolivia, Brasil, Argentina y está con relativa cercanía de otros, donde hay bases estadunidenses.

También los militares del Comando Sur, han marcado el territorio que está sobre el extenso Acuífero guaraní, uno de los más grandes de agua potable del mundo ubicado en la Triple Frontera que tiene Paraguay con Argentina y Brasil.
De acuerdo a los informes militares todos los cuarteles paraguayos cercanos a las fronteras, están preparados como infrastructura para las tropas de Estados Unidos, que incluso han cavado pozos artesanos, para agua potable, supuestamente para campesinos, que en realidad estos no utilizan.

De la misma manera el cuartel Mariscal Estigarribia, situado sólo a 250 Km de Bolivia, tiene una pista de casi tres mil metros de largo, en un país, que tiene escasas Fuerza Aéreas.

Esa pista la construyeron las tropas estadunidenses, e incluso la modernizaron en los últimos años y está diseñada para recibir los aviones Galaxy y otras naves de Estados Unidos portadoras de equipos, armamento en gran escala, como también está preparada la pista de la Base de Palmerola en Honduras . De la misma manera allí pueden ubicarse miles de soldados, si se requiere hacerlo en cualquier momento.

Está señalada como una de las bases -en este caso una poderosa infraestructura- entre las que tiene Estados Unidos en América Latina.

Sin embargo, es evidente que ante la ofensiva que está en marcha sobre los gobiernos de Sudamérica, que posibilitaron un escenario golpista en Bolivia y Paraguay, en los días de junio de este año, así como conatos desestabilizadores en Argentina, necesitan ubicar más tropas en ese lugar estratégico.

La noticia de estos acuerdos hablados entre los corruptos diputados ligados a la pasada dictadura y los generales estadunidensea, no sorprende en estas circunstancias. Y precisamente en un país donde la lucha por las tierras robadas y “malhabidas”, como las caracterizó la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia , el conflicto social es una cuestión permanente.

Para los campesinos recuperar sus tierras es una cuestión de vida o muerte. Especialmente por los ataques de los llamados “brasiguayos” y sus grupos de choque, empresarios sojeros de Brasil, pero como sostiene Martín Alamda defensor de derechos humanos, forman parte de las grandes corporaciones como Monsanto que avanzan sobre el continente.

Detrás de la destitución de Lugo, hay una serie de elementos que deben verse como un golpe estratégico para el proyecto de desestabilización tendiente a golpear a la integración latinoamericana.

El fin de la soberanía nacional y las naciones-Estado

Escrito por Esteban Cabal / Rebelión

Parece que nadie ha reparado, hasta ahora, en una de las principales consecuencias de la globalización económica: la desaparición de las soberanías nacionales, el fin de la era de las naciones-Estado iniciada con la Independencia de los Estados Unidos en 1783 y la Revolución Francesa en 1789.
La ONU está integrada por 193 países. Sin embargo, más allá de las apariencias y los formalismos, ya no se trata de naciones-Estado sino de administraciones territoriales desprovistas de soberanía plena.

Lo que en realidad estamos contemplando en este momento histórico es el nacimiento de un nuevo modelo político, destinado a sustituir al viejo modelo de las naciones-Estado. Un modelo que se consolida a medida que la globalización despoja a los países de su soberanía y se configura un sistema de gobernanza mundial.

El “Nuevo Orden Mundial” que todos los últimos presidentes de Estados Unidos y de los países europeos anuncian efusiva y reiteradamente desde el atentado de 2001 contra las Torres Gemelas no es más que el nombre con el que la elite de las altas finanzas ha bautizado a su proyecto político cuya finalidad última es el establecimiento de un Gobierno Mundial, lo que implica la desaparición, después de dos siglos, de las naciones-Estado, los países soberanos.

En última instancia, la globalización es un proceso de transferencia de soberanía desde las naciones-Estado hacia corporaciones privadas o instituciones transnacionales o internacionales.

El concepto de “soberanía nacional” fue acuñado en la Revolución Francesa y tuvo su plasmación por primera vez en el artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano : "toda soberanía reside esencialmente en la nación". La soberanía es el ejercicio de la autoridad. El diccionario de la Real Academia Española define la soberanía como la autoridad suprema del poder público.

Si bien Rousseau fue el creador del concepto de soberanía popular, fue Sieyès, uno de los teóricos de las constituciones de la Revolución Francesa y de la era napoleónica , quien se encargó de desarrollar la noción de soberanía nacional. Para Sieyès, la soberanía está radicada en la nación y no en el pueblo, ya que también se debe tener en cuenta el legado histórico y cultural, y los valores bajo los cuales se ha fundado dicha nación.

En el ámbito del derecho internacional, la soberanía se refiere al derecho de un Estado para ejercer sus poderes. La violación de la soberanía de un país puede dar lugar a un conflicto bélico.

En la actualidad las naciones-Estado tiene una capacidad cada vez más limitada para “ejercer su autoridad”, mientras que las grandes corporaciones privadas y las instituciones globales o multinacionales tienen cada vez mayor poder de decisión sobre las cuestiones fundamentales que afectan a la ciudadanía.

Las naciones-Estado -y sus órganos “soberanos”- han quedado reducidas a su mínima expresión, se han convertido en una caricatura de lo que antaño fueron. Ningún país tiene verdadera libertad para legislar, no ya solo por la obligatoriedad de respetar multitud de acuerdos y tratados internacionales o transnacionales sino por el chantaje permanente al que se ven sometidos por parte de los mercados y los lobbies privados. La interdependencia económica y tecnológica instituida a través de la globalización convierte a las naciones-Estado en rehenes de los poderes fácticos. Por otra parte, el creciente endeudamiento de los Estados acentúa su subordinación respecto a “los mercados” eufemismo utilizado para referirse a los banqueros internacionales.

La crisis sistémica -económica y financiera- que estalló en 2008 está acelerando aún más esa transferencia de soberanía, el “Gobierno Mundial” ha dejado de ser una quimera y ha empezado a tomar cuerpo a través de corporaciones privadas que ejercen auténticos oligopolios sobre sectores estratégicos de la economía gracias al imparable proceso privatizador inherente a la globalización.

Las naciones- Estado ya no controlan la gestión de los recursos naturales, las materias primas, la energía. Por ejemplo, la soberanía alimentaria les ha sido arrebatada a través de multinacionales como Monsanto que controlan la producción agropecuaria, la distribución de los productos y el mercado de las semillas. Un grupo de 10 megacorporaciones semisecretas, que ni siquiera cotizan en bolsa, controlan casi por completo el mercado mundial de materias primas.

Otro ejemplo paradigmático lo tenemos en la producción energética, cada vez más alejada del control público. El abastecimiento energético es vital y está en manos de muy pocas megacorporaciones privadas, lo que convierte a los Estados en dependientes de los poderes privados, limitando su soberanía.

Por otra parte, las multinacionales químico-farmacéuticas poseen la patente de los principales medicamentos y ejercen un monopolio efectivo sobre la salud, lo que invalida la capacidad de los Estados para gestionar el ámbito sanitario, máxime cuando la enseñanza y la investigación dependen por completo de las aportaciones de estas empresas privadas.

También podemos hablar del agua potable, que por imposición del Banco Mundial, el FMI y el G-8 está siendo sometida a un acelerado proceso de privatización en todo el mundo. Si las naciones-Estado ni siquiera pueden gestionar sus acuíferos, ¿qué queda de su soberanía?

Instituciones como la OTAN o el Consejo de Seguridad de la ONU, con sus cada vez más pertrechados y activos Cascos Azules, limitan la soberanía de las naciones en materia de seguridad. Ya no son necesarios los ejércitos nacionales. Los conflictos internacionales e incluso los propios de cada nación (como vimos en el caso del derrocamiento del gobierno libio de Gadafi), son cada vez más competencia de estas instituciones militares que tienden a configurar un Ejército Mundial único. De hecho existe un proceso silencioso y silenciado de desmantelamiento de las estructuras militares nacionales, cada vez más subordinadas a organismos globales.

Pero quizás donde se hace más patente la merma de la soberanía nacional es en política monetaria. Muchos gobiernos han cedido la capacidad legal de emisión de moneda a corporaciones privadas o semiprivadas. El público en general desconoce esta realidad, pero lo cierto es que la Reserva Federal de los Estados Unidos es un consorcio privado, integrado desde su fundación por 13 bancos privados de Europa y América. Otros muchos Bancos Centrales, como el de Inglaterra, son igualmente privados. También es poco conocido el papel que juega el Banco Internacional de Pagos (el BIS o Banco de Basilea, con sede en Suiza), que es el Banco Central de los Bancos Centrales, y del que dependen en buena medida las políticas monetarias de la mayoría de los países. El BIS es una poderosa herramienta globalizadora en manos de corporaciones privadas y trabaja en detrimento de las soberanías nacionales.

Tampoco podemos olvidar que 27 países europeos han cedido su soberanía monetaria al Banco Central Europeo con sede en Frankfurt, Alemania. Y todos los economistas coinciden en señalar que sin soberanía monetaria no puede existir independencia económica ni soberanía política. De ahí que la crisis del euro solo pueda tener como desenlace lo que se conoce como “gobernanza económica europea”, que consiste en la cesión de la soberanía fiscal y económica de los países europeos a una entidad no democrática cuyo funcionamiento no es transparente ni está expuesto al escrutinio público: la Comisión Europea.

En un mundo sometido a la dictadura de los mercados, donde el verdadero poder efectivo no reside en el pueblo, ni siquiera en las naciones, sino en corporaciones privadas globales, ¿qué soberanía, qué autoridad, le queda a los Estados? Los políticos ya no gobiernan, solo administran, son meros gestores al servicio de las grandes corporaciones que, por otra parte, son quienes financian sus campañas electorales. Las “democracias” han dejado de serlo. Mientras los Estados adelgazan, las corporaciones engordan. La facturación de algunas corporaciones es infinitamente superior a los presupuestos anuales de muchos gobiernos medianos y grandes, incluso supera el Producto Interior Bruto de muchos países. Por volumen de negocios (ingresos versus IPC), Nestlé es más grande que Nigeria, Unilever es más grande que Pakistán, Volkswagen es más grande que Nueva Zelanda, BP es más grande que Venezuela, IBM es más grande que Egipto, General Electric es más grande que Filipinas, Ford es más grande que Portugal, Exxon es más grande que Grecia, Shell es más grande que Arabia Saudí, General Motors es más grande que Dinamarca.

Vacías de contenido, de competencias efectivas, las naciones-Estado son cáscaras huecas, cadáveres, un emergente poder privado global ha decretado su caducidad y tenderán progresivamente a desaparecer. Por tanto, después de 200 años de vigencia de un modelo político mundial basado en los Estados-nación, nos encontramos por primera vez ante la aparición de un nuevo modelo que amenaza a la humanidad con desmantelar el Estado del Bienestar (consolidado a través de un siglo de luchas y conquistas sociales), y con la instauración de un Gobierno Mundial privado de corte plutocrático.

La caída del muro de Berlín en 1989 puso fin a la guerra fría y a un mundo geopolíticamente bipolar. Muchos creyeron adivinar el advenimiento de un mundo unipolar dominado por occidente con Estados Unidos a la cabeza. Sin embargo la globalización ha tenido también otra consecuencia colateral: la irrupción de los llamados “países emergentes” en la escena internacional. Con el BRIC (Brasil, Rusia, India y China) el mundo es geopolíticamente multipolar.

Obviamente, un mundo multipolar es una amenaza para el proyecto de la elite globalista: el Nuevo Orden Mundial es, por definición, unipolar. Esta es la razón por la que estamos ante una especie de segunda guerra fría y existe una creciente tensión entre las fuerzas globalistas plutocráticas y los países emergentes, en cuyo campo no solo militan los países del BRIC, sino también muchos otros como Venezuela, Irán Sudáfrica, Myanmar (Birmania), Vietnam, etc., que por sus recursos confieren un extraordinario poder al polo opuesto al cártel plutocrático de los banqueros internacionales.

En medio de este escenario geopolítico, ¿debemos oponernos al Nuevo Orden Mundial, a un Gobierno Mundial que implica la desaparición definitiva de las naciones-Estado? La globalización económica ha sido, está siendo, catastrófica para la mayoría de las economías nacionales y para la biodiversidad, y nos conduce irremediablemente al colapso social, económico y ecológico generalizado. Sin embargo, es cierto que los problemas sociales y ambientales no tienen fronteras, por lo que necesitamos instituciones políticas globales, incluso un cuerpo legislativo global. Por tanto, debemos ser “nacionalistas” en lo económico, otorgando el máximo poder en éste ámbito a las instituciones locales y regionales, pero favoreciendo una cierta globalización política en materia de derechos, de justicia social y ambiental.

Cierto es que las naciones-Estado es un modelo artificial, agotado e inapropiado para el mundo del siglo XXI. Lo que en ningún caso podemos favorecer es la plutocracia, el advenimiento de un gobierno mundial privado de las elites globalistas que quieren acabar con el Estado del Bienestar y retrotraernos al feudalismo, reinstaurando la esclavitud, aunque sea una esclavitud consentida gracias a sus sofisticadas técnicas de distracción y control social. En ese sentido, el polo que configuran los BRIC y sus aliados potenciales supone un antídoto para frenar el peligrosísimo avance del proyecto político plutocrático de las oligarquías euro-americanas.

Hoy por hoy el BRIC no constituye un proyecto global alternativo, no existe el riesgo de que transitemos de forma abrupta desde la hegemonía de los Estados Unidos y sus aliados hacia la hegemonía de una nueva superpotencia como China. Desde luego, no podemos compartir el modelo político de China, ni de Rusia, ni de ninguno de los países emergentes, tanto por sus déficits democráticos como por su insuficiente sensibilidad social y ecológica; no podemos alinearnos sin más a favor de los BRIC, pero debemos ser conscientes de que su fuerza aleja el fantasma de la pesadilla orweliana que representa el cártel de los banqueros internacionales y las megacorporaciones.

A estas alturas de la crisis mundial, económica, energética y ecológica, es obvio que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo, un sistema productivo más sostenible, lo que ineludiblemente pasa por el decrecimiento. Esto implica acabar con la economía de casino, la desregulación y la especulación sin límites que nos ha llevado al divorcio entre la riqueza real y la masa monetaria en su sentido más amplio. Hay que poner fin al actual sistema bancario y monetario, a la supremacía del dólar como moneda internacional, acabar con el mercado de los derivados financieros, con la delirante megaestafa de los CDS cuyo volumen de negocios es superior a toda la riqueza mundial, eliminar los paraísos fiscales que custodian 10 billones de euros de dinero negro, los privilegios de las grandes fortunas, y tal vez suprimir los Bancos Centrales, racionalizar la producción y el consumo, frenar el deterioro ecológico y buscar solución al inminente fin del petróleo barato (el pico petrolero), cambiando el modelo económico y energético petrodependiente por un modelo basado en la equidad social, la responsabilidad ambiental, la descentralización económica y energética, implementando necesariamente la eficiencia y las energías renovables.

Esto que parece tan evidente constituye el mayor desafío de la humanidad en este siglo XXI. Pero tampoco debemos olvidar que el sistema capitalista actual, tal como nos revela el poco conocido Informe Iron Mountain, es un sistema basado en el miedo y la guerra permanente, y que sustituirlo por un sistema más justo, basado en la solidaridad, los derechos humanos y la paz, es un reto impostergable que sólo puede ser afrontado con éxito desde un cambio radical de conciencia, erradicando la usura y la corrupción, impregnando de nuevos valores a las instituciones políticas y económicas, lo que requiere enormes dosis de sentido común y perspicacia.

El capitalismo puede y debe ser sustituido porque es incompatible con la paz y los derechos humanos. Pero la alternativa a la “soberanía nacional” de Sieyés sigue siendo la “soberanía popular” de Rousseau, la democracia directa, transparente, participativa, y de ningún modo nos podemos encomendar al gobierno plutocrático de las elites. A la sociedad de consumo sólo puede sucederle la sociedad del conocimiento.

Rio +20, un primer balance La Economía Verde viene con nombre y apellido: se llama poder corporativo

Elizabeth Peredo Beltrán / Rebelión

Un documento denominado Declaración del Capital Natural (Un compromiso del sector financiero para Río + 20 y más allá) promovido por las Naciones Unidas mediante la Iniciativa Financiera del Programa de para el Medio Ambiente, la Fundación Getulio Vargas de Itamaratí del Brasil y el Global Canopy Programe en el Foro Corporativo por la Sustentabilidad, ha empezado a ser visible en el marco de la Conferencia de las NNUU sobre Río + 20 en paralelo a los documentos emanados de la negociación y proponiendo una declaración a ser firmada por las instituciones financieras internacionales y las corporaciones. El documento que es fruto de 18 meses de preparación del sector financiero compromete a los signatarios a cuidar los recursos naturales en particular el agua. Y aunque esta presentado como una iniciativa para la sustentabilidad, es muy evidente que acompaña el lobby que las transnacionales han estado haciendo en las negociaciones –entre los signatarios está la Coca Cola Company- dando cuenta de una de las certezas que tenemos, aún poco visible en los debates entre los países: la ONU está en manos del gran capital corporativo y financiero. Los debates y negociaciones que allí se desarrollan están en su cancha.

La declaración propuesta señala la ruta de los nuevos consensos que se están desarrollando entre los representantes del capital financiero y dice textualmente en su encabezado que: se propone crear un “compromiso de la comunidad financiera (que parece sustituir ahora a la “comunidad internacional”) reconocer y reafirmar la importancia del capital natural en el mantenimiento de una economía global sostenible ” (es la economía la que debe ser sostenible).

Y no es casual: las 100 primeras economías mas grandes del mundo hoy son corporaciones sur y a los pueblos del norte para seguir acumulando capital (son dueñas del dinero, de los bancos, de las tierras, dprotección de inversiones y tribunales a su medida). Según información proporcionada por el TNI y el Grupo ETC diez de las corporaciones más ricas son de energía, al menos 10 corporaciones más fuertes están vinculadas a la producción de alimentos, comercio del agua y concentran millones de hectáreas en el sur global, otras tantas tienen el monopolio de las patentes y otras muy fuertes y poderosas están obsesionadas con la geoingeniería. Todas ellas presentes en el entorno de las Conferencias de la ONU para asegurar su situación de poder y conceder lo menos posible a la creación de mecanismos efectivos que se orienten a salir de la crisis.

Paralelos con la Cumbre del 92

Cuando en 1992 se hizo la Declaración de Río y se estableció la Agenda 21 fue con la finalidad de enfrentar la ya entonces preocupante devastación ambiental, las inequidades sociales y la pobreza. La ingenuidad de los pueblos y la maquinaria montada para marearlos nos hizo creer que la fórmula mágica del “desarrollo sostenible” combinando “economía, sociedad y medio ambiente” -bajo la directriz de “consumir lo suficiente para satisfacer las necesidades del presente, sin comprometer las necesidades de las generaciones del futuro”-, sería suficiente para resolver los problemas planteados.

En paralelo, arrancaba el Consenso de Washington concebido pocos años antes (a finales de los 80s) y ya estaba en pleno apogeo la multiplicación de las instituciones, leyes, acuerdos, mecanismos financieros, sistemas de condicionalidades e ideologías –que no podían faltar-, para aprovechar de esta narrativa y asegurarse de que la fórmula “sin inversión privada no hay desarrollo” les permitiera tener todas las facilidades para lucrar a costa de la destrucción planetaria y la violación de los derechos humanos.

Por tanto, el “desarrollo sostenible” y el “crecimiento sostenido” sobre el que se sigue insistiendo hoy tenía ya varias debilidades de fondo: desde concebir una noción de crecimiento económico sin limites ni conciencia de la interdependencia entre especies y con los ecosistemas, ignorar las fuerzas del mercado y el proceso de liberalización de la economía, hasta pensar ingenuamente que las palabras son suficientes sin atacar las causas estructurales del sistema.

Hoy estamos en una situación algo similar, sólo que aún más grave porque la crisis ecológica y financiera –que ellos mismos han provocado- opera como un fuerte justificativo para avalar una nueva maquinaria denominada “economía verde” o como quiera llamarse que pretende incorporar a la naturaleza en la fórmula para asegurar esta vez la “sostenibilidad de la economía global”.

Un sistema de lucro inédito

Según declaraciones de los impulsores de esta Declaración Coporativa que incluye a los “buenos” de la película porque accedieron a hablar del medio ambiente y sustentabilidad se pretende “hacer entender que "activos" como el agua, el aire, el suelo y los bosques son un "capital fundamental" y advertir cómo esos recursos afectan los negocios de las empresas”… “De la misma forma que un inversionista quiere preservar su patrimonio y vivir de la ganancia que le genera, el desafío es ahora no depredar recursos naturales para obtener un beneficio…” según declaraciones de los organizadores.

Hoy hablar de sostenibilidad podría equivaler a hablar de factibilidad o rentabilidad. Da lo mismo. Podríamos hasta decir que el mundo es 80% factible y rentable si se invierte en servicios ambientales de los bosques o las abejas y 20% factible si no se invierte en ellas. Podríamos hablar de los intereses y ganancias que se estarían perdiendo si no se cuantifica y declara el servicio que proporcionan nuestras montañas y paisajes cuanto antes. Podríamos imaginarnos que cualquier rato nos querrán demandar ante una corte si no cuidamos la belleza escénica de algún paraje en nuestro territorio.

Estamos asistiendo a una profundización demencial del paradigma capitalista y de su ámbito de dominio que ha desplazado sin pena ni pestañeo el concepto de sustentabilidad para usarlo en el campo de las finanzas disfrazando su afán de lucro, con el argumento de incorporar las externalidades ambientales. Argumentos para justificar una angurria fuera de toda proporción: casi todo lo que existe en el mundo cumple un servicio y es una mercancía, todo será considerado una inversión, todo cuenta como dinero. El próximo paso será querer conquistar nuestra imaginación.

Las negociaciones y la vida real

Algunos países en el G 77 se han propuesto redefinir la economía verde y salvarla de un enfoque mercantilista, Brasil ha lanzado un documento de propuesta de Declaración que permanece anclado en el concepto de “crecimiento económico sostenido” y que hace muchas concesiones a este nuevo modelo dejando atrás acuerdos que podrían ser sustanciales en regular a las corporaciones y limitar a los países desarrollados para recuperar las proporciones que exige el pago de la deuda ecológica e histórica; algunas corrientes de activistas se han concentrado en rechazarla y demonizarla para que las cumbres y las negociaciones concluyan con un rotundo “NO” a la economía verde.

Pero la vida real está diseñada ya para que una vez terminada la semana de debates, negociaciones y reuniones paralelas tanto la cooperación para el desarrollo, la cooperación no gubernamental, los gobiernos nacionales, locales, los bancos, los mercados financieros, las corporaciones y las empresas, los países y las comunidades ingresarán de uno u otro modo a los escenarios preparados con oculta paciencia con el fuerte argumento de “salvar a la Madre Tierra” de la destrucción.

La tan mentada Madre Tierra que ahora ya tiene un lugar en el lenguaje del documento presentado por Brasil reconociendo que podría ser un sujeto de derechos, lo que es un gran avance pero no necesariamente significa que se los va a respetar. Aunque se aprobara no sería suficiente para parar a las transnacionales ni el extractivismo, base de muchas economías en el mundo y que en el documento se lo reconoce como un motor para el desarrollo y la lucha contra la pobreza. Ni siquiera en Bolivia o Ecuador donde existen articulados legales al respecto han sido respetados y allí se persiste en la explotación minera e hidrocarburífera a costa de la madre tierra y la salud del pueblo. Ni qué decir de los países desarrollados donde la explotación minera, la energía nuclear, o la explotación del carbón amenazan sus ecosistemas y la salud de la gente como el caso de las comunidades del valle de Ohio que viven la devastación y el envenenamiento por esta industria. EEUU por ejemplo (con razón no quiere firmar el Protocolo de Kyoto) depende en un 49% de la salvaje explotación del carbón para su energía, uno de los sistemas más contaminantes y destructivos del medio ambiente y la salud.

Visibilizar la amenaza, confiar en nuestras fuerzas

Así como están las cosas sería quizá pertinente distinguir algunas estrategias de resistencia sabiendo que las negociaciones y los debates en las NNUU son apenas uno de los escenarios de esta problemática global, el más desgastado y ahora cooptado por el interés transnacional y la ideología del desarrollismo, se está convirtiendo peligrosamente en un lugar de palabras repetidas y vaciadas de contenido con altavoz. Una retórica difícil de asir y sobre todo de controlar desde la sociedad civil; sus resultados, cualquiera que fueran, serán pasibles de ser atrapados por el sistema de lucro.

Un otro escenario mucho más relevante es el de la economía que nos lleva a considerar seriamente el poder las corporaciones con sus negocios y sus reglas en todas partes, un terreno muy concreto de acción que debe recoger la experiencia de innumerables luchas exitosas en parar el poder corporativo y que está llevando a resistir la explotación minera, la mercantilización del agua, de la salud, de la vida. Este segundo escenario incluye la consideración de las economías no visibles que funcionan y dan vida a formas solidarias de organización social y que pocas veces son reivindicadas como caminos posibles para la restauración y resignificación de la economía y del tejido social.

Un tercer ámbito es el de los imaginarios, de las subjetividades, la cultura y por tanto uno de los más importantes porque acompañan los hábitos sociales y pueden ser engranajes de una vida o de consumo o de cuidado, de violencia o solidaridad, de dominio y sumisión o de democracia y participación. En este terreno la construcción de relaciones equitativas entre géneros, entre etnicidades, intergeneracionales y diversas podría contribuir sustancial-mente a una relación más armónica con la naturaleza o al menos preparar la subjetividad para ello.

Los intereses que están detrás de la economía verde no son algo etéreo y no porque no se los explicite dejaran de existir en su esencia. La economía verde es el nuevo ropaje del poder corporativo, lleva su nombre inscrito con sangre de los pueblos en la frente y es allí donde la resistencia al nuevo modelo será más eficaz. No en los foros ni declaraciones, no en el resultado de la negociación, ni en discursos de resistencia abstracta sino en la defensa de los territorios, del agua, de las semillas, de los servicios públicos, de la vida, de la economía solidaria, del reconocimiento al trabajo impago de las mujeres, en la resistencia a la minería extractivista e irresponsable, a las plantas nucleares, al lucro de las empresas con la energía y el agua, en defensa de los pueblos en el día a día.

La Economía verde viene con nombre y apellido: se llama Poder Transnacional y nos hemos mirado frente a frente, los hemos frenado en varias partes del mundo, les hemos obligado a retirarse. La indignación y la conciencia sobre el daño que causan existe y es inmensa.

Es allí donde vamos a permanecer, pues nosotros y nosotras que no queremos convertirnos en sofisticados profetas del desastre, las palabras no nos satisfacen, buscamos ir más allá. Y ante el cinismo de la “sostenibilidad de la ambición”, nos otorgamos el derecho a redefinir la sustentabilidad como la tarea de resistir el modelo creando las bases de la justicia, equidad y cuidado, sentando bases éticas, principios de coherencia y ejemplos de consecuencia capaces de sembrar esperanza en nuestros hijos e hijas para el futuro.