Ayer conmemoramos un nuevo aniversario de ese hito en la historia educativa de Puerto Rico: la apertura en Mayagüez de la primera institución universitaria puertorriqueña comprometida con una identidad programática hostosiana. Desde el inicio mismo de sus trabajos fundacionales y organizativos hubo quienes, como Gil Cancel, me advirtieron de las dificultades innatas que enfrentaba en Mayagüez cualquier proyecto inspirado en la memoria y enseñanzas del Maestro Eugenio María de Hostos. No debes albergar mucha esperanza en cuanto al éxito del proyecto, me advertían. Según éstos, la historia era implacable en su juicio: Hostos nunca fue profeta en su tierra, ni vivo y menos muerto, sobre todo en Mayagüez que hasta el momento le había dado la espalda a todo aquello que se identificase con él. Otros pretendieron descalificarla como la “escuelita de Mari Brás”, una especie de nido de radicales desde el cual se subvertiría el orden establecido. Incluso, un atrevido banquero local, de triste recordación, llegó a recomendarle a la compañera Nora Rivera Carrasquillo y a mí que mejor sería que nos llevásemos nuestro proyecto a otro lado, a Ponce o a San Juan, donde tal vez tendría mejor futuro.
Aún así, los fundadores de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos asumimos el reto. Así las cosas, hace 17 años, el 10 de enero de 1995, el primer ejecutivo mayagüezano, José Guillermo Rodríguez -para todos los fines prácticos otro de nuestros fundadores- le dio la bienvenida, junto a este servidor, a la primera clase de apasionados y comprometidos aspirantes que decidieron hacer su apuesta a favor de esta nueva aventura educativa cuyo objetivo abierto era la formación de un nuevo tipo de jurista, el jurista total al que nos invitó Hostos.
Para el Maestro habían dos tipos de Derecho. El prevaleciente, calificado por el como Derecho parcial, se caracterizaba por su tecnicismo y mecanicismo que privilegiaba el hábil y adversativo manejo de la letra de la ley para fines particulares en detrimento del bien y de la justicia común, la que llamaba justicia total. Para la consecución de esa justicia total había que cultivar lo que llamó el Derecho total el cual sólo se da a partir de una legislación que propenda a la plena inclusión y armonía de todos y todas en la sociedad.
El Derecho constituye en ese sentido un instrumento ordenador que recoge la voluntad del pueblo como soberano para constituir un orden social y modo de vida que propicie la plena libertad y progreso en equidad de sus miembros. Esa justicia total y ese Derecho total no será obra de los técnicos o los picapleitos, sino de lo que yo he llamado el jurista total como intelectual y organizador orgánico de ese nuevo Derecho como expresión normativa de la libertad inalienable del ser humano.
La Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos se propuso desde su inicio llevar el ideal hostosiano a la práctica, convertirse en una comunidad viva, en que interactuaran críticamente teorías y prácticas; una aula ampliada y extensiva en el que el proceso de enseñanza aprendizaje fuese un parto común de profesores y estudiantes; un amplio e interactivo laboratorio social en el que se estaría ensayando hacia adentro de nuestra comunidad con la constitución de una nueva subjetividad crítica y emancipada para integrar esa democracia total a partir de la cual colectivamente, desde la igualdad de todos, se decida y determine el presente y futuro de uno y de todos.
Los primeros comités evaluadores, fuesen del Consejo de Educación Superior (CES) de Puerto Rico, de la American Bar Association (ABA) o del Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR), fueron sorprendidos por el hecho de cuán capaces habíamos sido de llevar a la práctica nuestros ideales educativos. De ahí que fuimos la primera escuela privada de Derecho en la Isla que inició sus operaciones con una licencia del CES. A la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana le tomó 18 años obtener la licencia del CES. A la Escuela de Leyes de la UPR se la concedieron automáticamente por ley sin haber tenido que pasar por una evaluación previa.
Por su parte, el Comité Evaluador de la ABA manifestó su admiración por lo que entendía era un nuevo modelo de educación jurídica que podría servir como experiencia alternativa de la que podrían enriquecerse las escuelas de Derecho de Estados Unidos y de Puerto Rico. Incluso, en cuanto a las condiciones financieras de la Facultad de Derecho hostosiana, dicho comité expresó su confianza de que los planes económicos de la institución estaban bien encaminados y no debían confrontar problemas para realizarse de contarse con las acreditaciones solicitadas. Sin embargo, la coordinadora de dicho comité me llegó a comunicar con la mayor honradez que su juicio favorable a nuestra institución no iba a ser bien visto por algunos que se oponían activamente desde las sombras a nuestra mera existencia.
Por otra parte, el primer comité evaluador enviado por el Tribunal Supremo reconoció lo ejemplar de nuestro programa de estudios y comunidad académica. Entonces, ¿dónde estaba el problema? El juicio positivo del comité pareció ir en contra del prejuicio prevaleciente entre los jueces quienes cuestionaban la necesidad y conveniencia de una cuarta escuela de Derecho, como si se tratara de una farmacia o gasolinera, o peor aún, como si quisieran garantizarle un monopolio a las escuelas existentes sobre el mercado educativo de abogados en la Isla. De ahí que, luego de nuestra solicitud, la cual cumplía con las condiciones de su reglamento vigente para la admisión de abogados a la práctica de la profesión y la política judicial establecida a partir de los casos de las escuelas de Derecho de la Universidad Interamericana y la Universidad Católica, el Tribunal cambió el reglamento y las condiciones y nos la aplicó ex post facto. Ahora bien, no sólo decretaron desde ese momento su negativa a darnos el trato igual que se le había dispensado en su momento a las demás escuelas de Derecho del país, sino que nos impusieron a la fuerza un proceso de acreditación sin un reglamento que nos informase de las condiciones específicas con las que debíamos en adelante cumplir para obtener su aprobación y sin un procedimiento administrativo que proveyese, como en el caso de toda agencia de acreditación, instancias diferenciadas de evaluación, decisión y apelación. Los criterios y el procedimiento lo fueron improvisando sobre la marcha en total violación al más elemental debido proceso de ley. El Tribunal se erigió abiertamente en juez y parte.
A partir de ese momento, el futuro de la institución estuvo sujeto, una y otra vez, al arbitrario y prejuiciado juicio de los jueces con el que se pretendió sustituir por completo la valoración experta de la agencia del Ejecutivo específicamente designada por ley para aprobar instituciones universitarias, incluyendo escuelas de Derecho. El CES le advirtió por escrito del conflicto pero más pudo el ciego afán por obstaculizar nuestro desarrollo.
Todos recordarán cómo en febrero del 2000 el TSPR pretendió cerrar definitivamente las puertas de la institución, negándose a partir de ese momento a admitir a priori a nuestros egresados a la práctica de la profesión en Puerto Rico por medio de la negativa a permitirles tan siquiera tomar la reválida. Uno de sus jueces tendría la osadía de alegar que una de las razones para la decisión del Tribunal era el hecho de que no habían suficientes candidatos idóneos para el estudio del Derecho en la región oeste de la Isla.
Si el Tribunal Supremo rectificó posteriormente su abusivo e ilegítimo proceder para concedernos en el 2003 una acreditación provisional, fue por razones de estricta conveniencia institucional relativas a cuestiones presupuestarias que negociaban con los entonces presidentes de las cámaras legislativas, el senador Antonio Fas Alzamora y el representante Carlos Vizcarrondo. Además, la Asamblea Legislativa había declarado en el 2001 como política pública el interés del Gobierno de Puerto Rico en garantizar el desarrollo y acreditación futura de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos. Dicha declaración de política pública fue debidamente sancionada también por el Ejecutivo, lo que obligó al Tribunal a replegarse momentáneamente en relación a sus planes por cerrar la Facultad de Derecho mayagüezana.
A partir de ese momento el Tribunal puso en marcha un esquema de regulación y acreditación de la Facultad de Derecho que, dada su provisionalidad, estaba predicada en mantener a la institución en la incertidumbre e inestabilidad permanente, de modo que se le hiciese en la práctica imposible garantizar su viabilidad a largo plazo. De su objetivo por cerrar la institución pasaron entonces a controlarla mediante una sindicatura de facto impuesta por un nuevo comité cuya misión en todo momento fue forzarnos a tener que integrarnos o, mejor dicho, entregarnos a otra institución universitaria que se encargase de la “normalización” o, mejor aún, sumisión de nuestro proyecto educativo a la estructura y cultura de poder dirigista y autoritaria prevaleciente en la rama judicial.
En mayo del 2010, el Director Ejecutivo de dicho Comité y miembro de la judicatura nos advirtió que ya el Comité estaba decidido a no renovarle la acreditación a la Facultad de Derecho mientras siguiese en manos de la Fundación nuestra. Si queríamos la acreditación había que cambiar de dueño: así de sencillo o de burdo.
Porque si hay algo que nos demuestra en carne viva el caso de la Facultad de Derecho nuestra es que el Tribunal Supremo constituye la institución gubernamental más autoritaria, clasista y menos sujeta al control democrático por el soberano popular, sea su mayoría roja o azul. Sus continuos reclamos a favor de la independencia judicial oculta, en última instancia, una desmedida pretensión por erigirse por encima de las demás ramas y del pueblo mismo como si fuese el dedo ordenador de Dios, al decir de Nietzsche. Yo interpreto la ley, por ende la ley es lo que yo digo que es y punto, es su farisaico lema. El Estado de Derecho adviene así en pura razón ideológica y sus decisiones apenas ocultan estrictos actos de fuerza.
A nadie debe sorprender por ende que al no haber conseguido su propósito normalizador, mediante la entrega obligada e incondicional de la Facultad de Derecho hostosiana a otra institución universitaria, se procedió nuevamente a intentar obligar a la institución a cerrar sus puertas luego de 17 años de operación ininterrumpida. Se procedió así en total desprecio a la prueba empírica irrefutable que se le sometió demostrando que la condición de limitaciones financieras que aqueja a la institución es el resultado en última instancia de sus propias acciones. El Tribunal procedió en total desprecio del juicio experto del CES quien formalmente certificó la viabilidad financiera de la institución. No le importa el menoscabo millonario que produciría al actual proyecto de construcción de la Biblioteca Juan Mari Brás, con un financiamiento de aproximadamente $6 millones del First Bank de Puerto Rico. Procedió, además, con total indiferencia hacia la propuesta presentada formalmente por el Alcalde de Mayagüez para proceder, bajo ciertas condiciones, a la creación de una corporación especial bajo la Ley de Municipios Autónomos que pudiese servir de sombrilla corporativa de aquí en adelante de la Facultad de Derecho. De paso ignoró por completo la política pública establecida en la Resolución Conjunta del 2001 y renovada mediante Orden Ejecutiva en el 2006.
El proceder impropio llegó a escalarse a tal punto de que el Juez Presidente llegó a pedirle por vía telefónica al Decano de la Escuela de Derecho de Ponce que hiciese todo lo posible por acomodar a nuestros estudiantes en su institución. Incluso, hubo un político mayagüezano, que pretende desplazar al actual incumbente de la poltrona municipal, que irresponsablemente hizo su propio llamado para que nuestros estudiantes abandonasen a nuestra Facultad y se fuesen para Ponce.
Aún así, en agosto pasado se matricularon 31 de los 54 estudiantes que para esa fecha seguían en la institución, ya impedida por la decisión reciente del Tribunal de recibir estudiantes de nuevo ingreso en igualdad de condiciones con las otras tres escuelas de Derecho. Aún así, nuestros egresados nos regalaron uno más de esos éxitos mayúsculos que nos caracterizan cuando obtuvieron el primer lugar en la pasada reválida de septiembre de 2011, junto con los graduados de la UPR. De esa manera, nuestros egresados refutaron contundentemente el razonamiento insustanciado del Tribunal en el sentido de que la reducción actual de ingresos debía automáticamente producir una reducción en la calidad académica de la institución. En todo caso, si algo se ha comprobado es que los hostosianos se crecen ante las dificultades y los retos.
¿Qué le depara el futuro a la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos? A finales de septiembre tuvimos una reunión con los directivos del Consejo de Educación de Puerto Rico (CEPR), para platicar sobre nuestra presente situación. El resultado superó con creces cualquier expectativa que teníamos.
Primeramente, lograron comprender la situación de indefensión jurídica en que se nos ha colocado por parte del Tribunal y el conflicto de competencias existente hace ya tiempo entre la licencia de autorización que nos ha conferido el Consejo, con todos los efectos de ley, para ofrecer nuestro programa de estudios y otorgar el grado académico correspondiente y la pretensión del Tribunal Supremo de denegarle a nuestros egresados el acceso al examen de reválida para la admisión a la práctica de la profesión, contrario al trato preferencial que le da a los egresados de las otras tres Facultades de Derecho licenciadas también por el gobierno.
De la reunión surgió además la determinación de retomar una propuesta que el compañero Mari Brás había hecho en 1997, en el marco de nuestros primeros actos de graduación, para que nuestra Fundación procediese a organizar la Universidad Eugenio María de Hostos con otros programas académicos, además del Derecho, que constituyesen en el corto o mediano plazo nuevas fuentes de ingresos que permitan salvar la Facultad de Derecho en lo que se consigue revertir su precaria situación actual y cambiar la actual política judicial en torno a la Facultad de Derecho nuestra. En esencia, de lo que se trata es transformarnos en lo inmediato, con la facilitación del CEPR, desde una Fundación educativa dedicada sólo a la operación de una Facultad de Derecho, a una Fundación, con la misma misión y filosofía, a cargo de una Universidad, la Eugenio María de Hostos, con otras Facultades y programas. Este paso no estaría reñido con la búsqueda continuada de alianzas o consorcios con otras instituciones universitarias, de Puerto Rico, Estados Unidos, América Latina o Europa. En esa dirección, estamos en conversaciones con dos instituciones universitarias de Puerto Rico, las cuales nos han pedido total confidencialidad para evitar que terceros interesados y enemigos de la institución pueden intentar obstruir cualquier posible acuerdo.
En fin, nos llegó "la hora de los hornos": ampliamos la apuesta estratégica, como fuimos convidados por Mari Brás en su momento, para ver la luz o nos cruzamos de brazos y damos paso a la liquidación del proyecto. Sin embargo, tanto los fundadores como los síndicos nos negamos a considerar la liquidación de nuestro proyecto como opción. Ya hemos iniciado contactos, por ejemplo, para la constitución de una Facultad de Educación de nuevo tipo, sobre cuyo proyecto se está ya en conversaciones con el Dr. Ángel Villarini Jusino y su Organización para el Fomento del Pensamiento (OFP).
Se trabaja asimismo en el diseño de una propuesta para un programa novel de posgrado en Economía Política del Desarrollo que se vincule y contribuya activamente a los planes de desarrollo regional impulsados por el Gobierno Municipal de Mayagüez, incluyendo la potenciación de la estrategia adoptada ejemplarmente por el Alcalde José Guillermo Rodríguez para caribeñizar, latinoamericanizar e internacionalizar las relaciones económicas de la ciudad y la región oeste. Finalmente, se trabaja en el diseño de una propuesta de bachillerato prejurídico de carácter interdisciplinario en “Estado, Derecho y Sociedad” que permita hacer la carrera de estudios jurídicos en 6 años en vez de 7 u 8 como en la actualidad. Éstos últimos dos programas podrían constituir el núcleo para el establecimiento de la tercera Facultad de la nueva Universidad hostosiana: La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
Para el Maestro, no hay instrumento más eficaz para potenciar la regeneración de nuestra sociedad que la formación de hombres y mujeres de conciencia a partir de unos fundamentos éticos y cívicos emancipadores. Visionariamente lanzó una consigna que posee en las circunstancias actuales de Puerto Rico y del planeta, una pertinencia extraordinaria: “Civilización o muerte”. Con ella, Hostos nos advertía que estábamos ante el siguiente reto histórico: la unión de voluntades y la producción de nuevos saberes para la refundación de nuestra sociedad, para la salvación nacional y planetaria.
Ahora bien, como humanidad más amplia, para Hostos la encrucijada a la que nos enfrentamos es, sobre todo, de tipo civilizatoria: hacer coincidir el progreso material con el progreso moral. Se trata de construir seres humanos y ciudadanos completos, libres, soberanos y virtuosos. Esa constituye también la nueva apuesta programática que hace nuestra Fundación hostosiana.
* Palabras del autor, catedrático de derecho y Presidente de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, de Mayagüez, orador invitado de los actos oficiales de la ciudad de Mayagüez en conmemoración del natalicio del prócer mayagüezano, el 11 de enero de 2012.
