Imperialismo y resistencia

Escrito por Roberto Pineda/ Adital


La dominación imperial es uno de los rasgos principales de nuestra formación económica social, influye poderosamente en la génesis histórica de nuestras modalidades económicas, sociales, políticas y culturales. Determina la modalidad del sistema de capitalismo dependiente existente, de las formas de dominación política así como la formación inicial y el desarrollo de nuestra clase obrera.

A continuación exponemos algunas ideas sobre la teoría marxista del imperialismo y luego planteamos un breve recorrido histórico sobre la presencia imperial en El Salvador durante el siglo XX y lo que va del XXI así como de su respectiva resistencia popular, que es el aspecto que ha acompañado en los diferentes periodos de manera ineludible a esta fuerza imperial, ya que coincidimos con Mao que donde hay opresión, hay resistencia.

La era digital, la última fase del imperialismo

Hace casi cien años (1916) Lenin escribo en Zúrich su obra clásica El imperialismo fase superior del capitalismo. Rápidamente se convirtió en un bestseller de la izquierda. En este libro se establece que la libre competencia origina la concentración de la producción y conduce a la era del capitalismo monopolista y capitalismo monopolista de estado.

Asimismo explica como el capital bancario al unirse al capital industrial crea el capital financiero, base del imperialismo. Antes, el capitalismo de libre competencia, que fue el que Marx analizó en El Capital, se dedicaba a la exportación de mercancías. El imperialismo por su parte, exporta capital.

Y lo hace a partir de un mundo en aquella época en el que "una serie de países atrasados han sido ya incorporados a la circulación del capitalismo mundial; se han construido las principales vías ferroviarias y se han asegurado las condiciones elementales de desarrollo de la industria.” (1) Esto incluyó a El Salvador como lo veremos más adelante.

Lenin explica que los capitalistas crean asociaciones en los países más poderosos para repartirse el mundo y controlar las fuentes de materias primas. Y este reparto del mundo está garantizado por la posesión de colonias, pero de manera permanente provoca la necesidad de nuevos repartos lo que da lugar a la guerra. Cien años después, Irak, Afganistán, Libia, y actualmente Siria confirman esta verdad.

Hasta aquí Lenin describiendo lo que fue el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Y si bien la naturaleza capitalista no ha cambiado, si se han modificado los mecanismos que se utilizan en esta época de globalización y de era digital en el que las corporaciones han alcanzado proporciones gigantescas. Y lo que no debemos olvidar es que mientras exista capitalismo existirá la lucha de clases entre burgueses y proletarios.

Las 500 grandes

Hace unos días la revista estadounidense Fortune publicó el listado de las 500 más grandes empresas del mundo. Esta encabezado por la petrolera anglo-holandesa Royal Dutch Shell que logró acumular un incremento de sus ingresos del 28.1 por ciento con relación al año pasado. Obtuvo 484,000 millones de dólares en ingresos y 30,900 millones en ganancias. Y durante el primer trimestre de este año 2012 sus ganancias crecieron en un 11 por ciento.

Esta transnacional vendió sus acciones en El Salvador en el 2010 a la empresa hondureña Uno Petrol, (división del Grupo Terra, formado en 1978 por Fredy Nasser) que es la que hoy administra las 75 estaciones que tenía Shell. La Shell es hoy Uno Petrol.

Shell desplazó del primer lugar al tercero, a la cadena estadounidense de supermercados Wal-Mart Stores, la cual por cierto abrirá pronto una nueva tienda en la ciudad de Mejicanos, no obstante que esto signifique el descuaje de muchos árboles y crear una peligrosa situación de riesgo ambiental. (2) Wal-Mart compró en el 2005 La Despensa de Don Juan y desde entonces ha seguido aumentando su presencia en el país.

La despensa es hoy Wal-Mart

En segundo lugar de la lista quedó la petrolera estadounidense Exxon Mobil Corporation, que tuvo un incremento del 35 por ciento de sus ganancias con respecto a 2011. 41,000 millones de dólares fueron sus ganancias. En nuestra región, a principios del 2011 la compañía de origen suizo Puma Energy compró las acciones de Exxon Mobil, dueña de la marca Esso, tanto en El Salvador como en toda Centroamérica. La Esso es hoy Puma.

En cuarto lugar quedo la multinacional inglesa British Petroleum y en quinto la china Sinopec Group. Es significativo que ocho de las diez principales corporaciones se encuentren en el negocio energético. Los otros dos sectores importantes son la banca comercial y la industria automotriz. De las 500 corporaciones, 132 son estadounidenses. Europa cuenta con 161. RPC 73 y Japón 68.

Esta son las realidades de El Salvador en un mundo donde los poderes capitalistas globalizadores impulsan complejos procesos de cambios tecnológicos, sociales, militares políticos, ambientales, culturales y económicos. Estos cambios provocan altos niveles de interdependencia entre las culturas y economías del mundo adelantado y el mundo atrasado, entre el mundo explotador y el mundo explotado. Entre opresores y oprimidos. Y como nos lo enseñó Seattle en 1999, frente a la globalización de los poderosos, surge la globalización de la resistencia.

Por otra parte, la ciudad alemana de Berlín marcó el inicio del mundo bipolar (USA-URSS) en mayo de 1945 con la toma por el Ejército Rojo del parlamento alemán y fue esta misma ciudad la que marca el principio del mundo monopolar y el inicio de la globalización capitalista neoliberal con la caída del muro en noviembre de 1989.

Es una nueva época caracterizada por las ideas reaccionarias del postmodernismo, por los sensacionales avances tecnológicos en las comunicaciones, por el predominio de las empresas transnacionales y por una voraz sociedad de consumo. Pero también por la resistencia popular globalizada.

Y aunque en 1989 hubo algunos que hasta hablaron del fin de las ideologías y del feliz dominio eterno del capitalismo, la reunión de la OMC en Seattle 1999 se encargó de regresarlos a la realidad de un nuevo mundo simbolizado por la lucha entre imperios y resistencias globalizadas. Y es claro que desde los avances tecnológicos como el internet y las redes sociales surge la lucha de clases. Y frente a la Organización Mundial del Comercio nace la Corte Penal Internacional. El mundo pertenece a los que luchan.

El imperio colonial

Uno de los más reconocidos historiadores progresistas a nivel mundial, el inglés Eric Hobsbawm, en su obra La era del imperio (1875-1914) sintetiza el nacimiento del imperio colonial moderno de la forma siguiente:

" Desde una perspectiva menos trivial, el período que estudiamos es una era en que aparece un nuevo tipo de imperio, el imperio colonial. La supremacía económica y militar de los países capitalistas no había sufrido un desafío serio desde hacía mucho tiempo, pero entre finales del siglo XVII y el último cuarto del siglo XIX no se había llevado a cabo intento alguno por convertir esa supremacía en una conquista, anexión y administración formales.” (3)

"Entre 1880 y 1914 ese intento se realizó y la mayor parte del mundo ajeno a Europa y al continente americano fue dividido formalmente en territorios que quedaron bajo el gobierno formal o bajo el dominio político informal de uno y otro de una serie de Estados, fundamentalmente el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Bélgica, los Estados Unidos y Japón. Hasta cierto punto, las víctimas de ese proceso fueron los antiguos imperios preindustriales sobrevivientes de España y Portugal, el primero -pese a los intentos de extender el territorio bajo su control al noroeste de África- más que el segundo.”

"Pero la supervivencia de los más importantes territorios portugueses en África (Angola y Mozambique), que sobrevivirían a otras colonias imperialistas, fue consecuencia, sobretodo, de la incapacidad de sus rivales modernos para ponerse de acuerdo sobre la manera de repartírselo. No hubo rivalidades del mismo tipo que permitieran salvar los restos del Imperio español en América (Cuba, Puerto Rico) y en el Pacífico (Filipinas) de los Estados Unidos en 1898. Nominalmente, la mayor parte de los grandes imperios tradicionales de Asia se mantuvieron independientes, aunque las potencias occidentales establecieron en ellos "zonas de influencia” o incluso una administración directa que en algunos casos (como el acuerdo anglorruso sobre Persia en 1907) cubrían todo el territorio.”

"De hecho, se daba por sentada su indefensión militar y política. Si conservaron su independencia fue bien porque resultaban convenientes como Estados-almohadilla (como ocurrió en Siam -la actual Tailandia-, que dividía las zonas británica y francesa en el sureste asiático, o en Afganistán, que separaba al Reino Unido y Rusia), por la incapacidad de las potencias imperiales rivales para acordar una fórmula para la división, o bien por su gran extensión. El único Estado no europeo que resistió con éxito la conquista colonial formal fue Etiopía, que pudo mantener a raya a Italia, la más débil de las potencias imperiales.”

En El Salvador, los Estados Unidos se convirtieron en la fuerza dominante a partir del estallido de la II Guerra Mundial, que obligó a la dictadura militar del general Maximiliano Martínez a cortar con sus obvias veleidades nazis y alinearse firmemente con la potencia del norte. Pero este es solamente un episodio de una larga historia de opresión y resistencia que sintetizamos a continuación.

Opresión y explotación imperial vs, resistencia popular y nacional en El Salvador

La opresión imperial inició con la llegada de las oleadas de tribus mexicas que invadieron y colonizaron nuestro territorio durante por lo menos trescientos años, del siglo XII hasta la llegada de los españoles, conquistaron el occidente y centro del país e incluso incursionaron en el territorio oriental de los lencas. Es poco lo que sabemos de esta resistencia, pero los nombres lencas de poblaciones como Talnique, Tamanique y Jayaque en pleno corazón del imperio mexica, evidencian claros y contundentes símbolos de rebeldía y resistencia.

Luego viene la larga noche española, que va del 1524 al 1821, otros trescientos años. Es en esta etapa colonial que surgen las fuerzas sociales y políticas, en particular añileros, que permitirán impulsar el proceso independentista a principios del siglo XIX, que concluyó con la firma del Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821. Luego viene un periodo de luchas intensas regionales entre sectores conservadores y liberales para imponer su proyecto histórico. Al final, los sectores cafetaleros se entronizan en el poder nacional a finales del siglo XIX.

Y es precisamente en 1880 en sintonía con la ofensiva colonial que impulsaban en África y en Asia las potencias europeas de esa época, que se produce en El Salvador la llegada del capital transnacional. Se realiza mediante el establecimiento del primer banco creado con capital inglés , que se conoció como Banco Internacional. Fue durante el gobierno de Rafael Zaldívar, el mismo que privatizó los ejidos y tierras comunales. (4) (5)

Posteriormente, en 1888, bajo el gobierno liberal de Francisco Menéndez, se realiza la primera exportación de capital, bajo el signo de "capital industrial en la rama de la minería. Estamos hablando de la Divisadero Gold and Silver Mining Co. Ltd. Compañía que fue capitalizada en 218,479 libras esterlinas. (6) Y esta empresa minera inglesa duró en operaciones hasta mediados de los años veinte del próximo siglo, cuando fue vendida a empresarios norteamericanos.

Un año después, en 1889, todavía bajo el gobierno del general Menéndez, comienzan los empréstitos para la construcción de ferrocarriles , que fue un mecanismo utilizado por los ingleses y luego por los norteamericanos para asegurar el control del comercio y de esta manera ampliar su dominación imperial. (7)

En 1893 se realiza la exportación de capital bancario inglés, con una inversión de 485,000 dólares, mediante la apertura de una sucursal del "Banco de Nicaragua.” En 1899 se crea la empresa minera inglesa Butters Salvador Mines, para la explotación de oro. (8)

Así llegamos al siglo XX. Tanto durante el periodo de las primeras organizaciones obreras (1904-1919) así como durante el periodo de las primeras luchas obreras (1919-1924) presenciamos la disputa entre diversos imperios (inglés, alemán, holandés, francés, estadounidense) por asegurarse el dominio de nuestro país. Es particularmente intensa la disputa entre ingleses y alemanes.

Pero los norteamericanos no se quedan atrás. Prueba de ello es que ya en 1908, bajo el gobierno del general Fernando Figueroa, (9)) realizan la primera inversión directa en el sector de la minería y luego comienzan una nueva instalación ferroviaria en oriente, con base en Cutuco, para disputarles a los ingleses esa estratégica área económica y lograr el fracaso de la línea férrea inglesa y del puerto de Acajutla. (10).

Debe señalarse que a diferencia de otros países centroamericanos, en nuestro caso "El Salvador no ha sido objeto de enclaves imperialistas, como los fruteros o canaleros… tampoco su territorio ha sido ocupado militarmente como el de Nicaragua…” (11)

En mayo de 1904 surge la Sociedad Confederada de Obreros de El Salvador, COES, que aunque estaba todavía refugiada en el mutualismo, constituye las raíces del futuro movimiento obrero organizado. En 1911 se realiza el Primer Congreso Obrero Centroamericano, con la participación de representaciones de trabajadores de la región. El presidente de esa época, Dr. Manuel Enrique Araujo, promovió esta reunión y fue el primer y "quizás hasta ahora de los pocos presidentes antiimperialistas de El Salvador.” (12).

El presidente Manuel Enrique Araujo adoptó una actitud de firme oposición a la intervención estadounidense en Nicaragua.” (13) No obstante sus antecedentes oligárquicos, este presidente supo cambiar la bandera nacional de las barras y estrellas que simbolizaba la opresión imperial por la bandera azul y blanco de la dignidad.

Un año después de fallecido Araujo, en 1914 el presidente francófilo Carlos Meléndez se ve obligado a proseguir esta línea antiimperialista y junto con Honduras y Costa Rica denuncia el tratado Brian-Chamorro ante la Corte de Justicia Centroamericana, con sede entonces en Costa Rica. Este servil tratado autorizaba la construcción de una base militar de EE.UU. en el Golfo de Fonseca.

La tesis esgrimida es que el Golfo de Fonseca es una "bahía histórica.” Esta tesis jurídica fue conocida como la "Doctrina Meléndez.” Y se discutieron con los diplomáticos yanquis. Posteriormente, Meléndez junto con México y Argentina, se niega a declararle la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial.

En 1927, el capital norteamericano amplia su presencia mediante la compra de la compañía eléctrica CAESS bajo la cobertura de la Canadian International Power Co. Ltd. (14)

En 1945, luego del fin de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos se estableció como la potencia predominante en el área latinoamericana, incluyendo a El Salvador. Desde entonces marca las pautas estratégicas básicas de país en alianza con la oligarquía. No obstante esto, como resultado de la lucha popular contra el dictador Lemus, en octubre de 1960 surge una Junta de Gobierno que inicia una apertura democrática, la cual rápidamente despierta temores en Washington, por lo que se ordena a su Misión Militar, dedicarse a la conspiración hasta lograr su derrocamiento en enero de 1961. (15)

Veinte años después, en octubre de 1979 se instala una nueva Junta Militar y el gobierno norteamericano maniobra para aislar y separar a los elementos progresistas, e imponer una estrategia de contra insurgencia que respondiera a una situación de alta explosividad social, que amenazaba con una revolución popular triunfante.

1980 es un año en el cual los sectores populares logran unificarse e impulsan una estrategia orientada a lograr el desplazamiento de la oligarquía del poder. Los Estados Unidos intervienen y primeramente avalan una estrategia de reformas con represión y posteriormente se involucran directamente en el conflicto armado proporcionando ayuda militar y económica al gobierno contrainsurgente. Justifican su intervención a partir del conflicto este-oeste.

Los sectores populares, por su parte, logran transformar un poderoso movimiento de masas en un audaz ejército guerrillero que obliga a la dictadura militar a someterse al control norteamericano, incluso en el terreno de las operaciones militares y con la presencia de asesores. Es una larga guerra que por doce años enfrentó a la sociedad salvadoreña. El imperio y la resistencia salvadoreña lucharon en el campo de batalla por doce años, y ninguno logró la victoria.

El conflicto militar concluyó en 1992 con unos Acuerdos de Paz mediante los cuales los sectores populares representados principalmente por el FMLN aceptaron convertirse en partido político y disputar el gobierno mediante elecciones, en la medida que se respetaran los derechos humanos de la población.

El ejército guerrillero se transformó en un partido político. Los Estados Unidos pasaron de ser adversarios militares a ser adversarios políticos, que apoyaban abiertamente al partido de derecha ARENA, que gobernó durante veinte años, de 1989 a 2009 e impuso un marco económico de privatizaciones, acuerdos comerciales y dolarización. Cada uno de los cuatro gobiernos de ARENA representó una escalada en términos de presencia del imperio.

El primer gobierno de ARENA (1989-1994) privatizo la banca y las exportaciones de café y azúcar. El segundo gobierno (1994-1999) privatizó la distribución de energía, las telecomunicaciones y los fondos de pensiones. El tercer gobierno (199-2004) aprobó el envío de tropas a Irak, la base militar de Comalapa y la dolarización. La lucha social evitó en el 2002 la privatización del sistema de salud. El cuarto y último gobierno (2004-2009) aprobó el TLC, y el establecimiento de la ILEA.

Es precisamente en este último gobierno de ARENA cuando la oligarquía financiera luego de un frío análisis de las tendencias globalizadoras y su impacto en la región decide vender los activos de sus principales bancos (Cuscatlán, Agrícola Comercial, Salvadoreño y Banco de Comercio), así como de empresas insignias como La Constancia, Cemento CESSA, TACA a inversionistas extranjeros, principalmente norteamericanos y colombianos.

Durante el primer gobierno de izquierda (2009-2014), se desarrollan sendos proyectos de cooperación como los Fondos del Milenio, primero en la franja norte del país y el segundo "compacto” a realizarse en la zona costera, y el Asocio para el Crecimiento. Asimismo en una polémica decisión que fue apoyada exclusivamente por los partidos de derecha, a petición del presidente Funes, el congreso decide enviar tropas a Afganistán.

El gobierno Funes se ha caracterizado por una política exterior que no se diferencia sustancialmente de la realizada por las cuatro administraciones areneras, es una política de continuidad para acatar el Consenso de Washington. Lo único que puede señalarse como decisión independiente de política exterior es la apertura de relaciones con Cuba. Es una apuesta por la continuación de la dependencia y la opresión imperial.

¿De enemigos estratégicos a socios estratégicos?

La caracterización durante ochenta años (1925-2005) por la izquierda salvadoreña del gobierno norteamericano como enemigo estratégico forma parte de la tradición teórica e ideológica antiimperialista de los sectores populares. Schafik Handal fue su más claro exponente. Pero es claro que en la actualidad esa caracterización ya no es parte del discurso ni del programa de la principal fuerza de izquierda, el FMLN y de los amplios sectores populares que aglutina.

Entre las razones que permiten explicar este radical viraje ideológico se encuentra el reconocimiento de que una tercera parte de nuestra población vive en Estados Unidos y es un sector que influye poderosamente en la vida del país, y en particular en los resultados electorales. Por otra parte, la responsabilidad legislativa asumida le exige mantener una relación permanente con el gobierno norteamericano y sus múltiples agencias en nuestra nación.

Y a esto hay que agregarle que uno de los principales dirigentes del FMLN es el canciller de la republica, lo cual explica porque junto con el presidente Funes se autoconsideran como "aliados estratégicos” e incluso se "regocijaran” con la reciente visita del presidente Obama, de la misma forma que hace diez años los areneros se regocijaron con la visita del presidente Bush.

Esto permite comprender el pánico provocado por las últimas declaraciones del senador norteamericano Richard Lugar sobre la actual crisis entre asamblea legislativa y sala de lo constitucional. Hay una posición basada en el pragmatismo que deja de lado las conocidas apreciaciones de la teoría sobre la naturaleza del imperialismo.

Pero esta visión no es nueva, forma parte de las concepciones ideológicas de la socialdemocracia, que plantea la conciliación de clases como premisa básica, lo que explica lo de "gobierno de unidad nacional”. Y muchas cosas más.

Pero la realidad del imperialismo y de su crisis generalizada no puede ser obviada. La situación de crisis financiera en Europa y de estancamiento económico en Estados Unidos nos afecta. Y también nos afectan las políticas guerreristas que se impulsan desde Estados Unidos, incluso por este gobierno demócrata del afroamericano Obama.

El imperialismo es un sistema de relaciones económicas basado en el uso de la fuerza. No existen dos Estados Unidos. Uno que nos ayuda y otro que bloquea a Cuba, que agrede a Venezuela, que apoya a los golpistas hondureños y paraguayos. El imperialismo es uno solo, y una sola es la lucha de los pueblos por su liberación.

NOTAS

1. Lenin, Vladimir. El imperialismo, fase superior del capitalismo. Obras Escogidas en tres tomos. Tomo I. Editorial Progreso, Moscú. 1981. Pag. 731.

2. Pineda, Roberto. El Salvador: la ciudad salvadoreña de Mejicanos desafía al gigante Walmart. www.adital.org.br

3. Hobsbawm, Eric. The Age of Empire. 1875-1914 Weidenfeld &Nicolson. London. 1984

4. Castellanos, Juan Mario. EL SALVADOR 1930-1980. DPI. San Salvador. 2001

5. López Vallecillos, Ítalo. El periodismo en El Salvador. UCA Editores. San Salvador. 1987

6. Menjívar, Rafael. Acumulación originaria y desarrollo del capitalismo en El Salvador. EDUCA. San José. 1980

7. Ibid.

8. Rippy. Fred. En EL SALVADOR DE 1840 a 1935. UCA Editores. San Salvador. 1978

9. López…

10. Menjívar…

11. Valiente, Mario Salazar. El Salvador: crisis, dictadura, lucha (1920-1980) En Casanova, Pablo González. América latina: historia de medio siglo. Siglo XXI. México D.F. 1981. (pag.88).

12. Pineda, Roberto. LAS LUCHAS POPULARES DEL SIGLO XX EN EL SALVADOR www.simpatizantesfmln.org

13. Leets, Juan. "Los EE.UU. y América latina. Pensamiento antiimperialista en Nicaragua. ENN, Managua, 1982, pag. 202)

14. Menjívar…

15. Handal. Schafik Jorge. Teoría de la situación revolucionaria. Ediciones Instituto Schafik Handal. San Salvador. 2012.

Roberto Pineda es Docente de la Universidad de El Salvador

Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?lang=ES&cod=69173

El Código Penal del enemigo

Escrito por Carlos Rivera Lugo / Claridad

El gobierno colonial de Puerto Rico acaba de declarar al ciudadano puertorriqueño su enemigo. Bajo el nuevo Código Penal aprobado el pasado 30 de junio por su brazo legislativo, se le ha prohibido al ciudadano puertorriqueño el ejercicio de su libertad inalienable y consustancial como ser humano, la que incluye, por cierto, la libertad de protestar y rebelarse contra las actuaciones ilegítimas y arbitrarias de sus gobernantes. De aquí en adelante, todo ciudadano se presume sospechoso o, peor aún, real o potencialmente culpable.

Por ejemplo, en el artículo 297 del nuevo Código, se prohíbe cualquier expresión de protesta que “perturbe”, “interrumpa” o “impida” la operación de la Asamblea Legislativa colonial. Otro artículo, el 247, tipifica como delito toda protesta que obstruya el acceso a o afecte las labores regulares en instituciones de enseñanza, centros de salud o edificios gubernamentales. Finalmente, el artículo 200 define como delito la protesta contra “obras de construcción o movimientos de terreno”, que hayan recibido las autorizaciones pertinentes del gobierno. Las medidas van dirigidas específicamente a proscribir las actividades contestatarias de los trabajadores, los estudiantes, las comunidades, los movimientos sociales y políticos contra las decisiones y actuaciones corruptas y arbitrarias del gobierno colonial y los grandes intereses económicos que operan en la Isla.

Ello sintoniza con la reorientación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, bajo cuya mayoría actual se han invisibilizado los derechos constitucionales y adquiridos de los trabajadores; se han proscrito los reclamos ambientales de las comunidades; y hasta se ha proscrito una Facultad de Derecho alternativa, la Eugenio María de Hostos, con sede en Mayagüez. El Estado de Derecho se ha hecho relativo a la eficacia de las decisiones políticas del partido que hoy administra la colonia, de corte abiertamente anexionista y neoliberal.

De espaldas a su condición de “sujeto de derechos”, al puertorriqueño se le ha declarado “enemigo” real o potencial del orden establecido. Del Estado de derecho se ha pasado al Estado de seguridad. Es la mayor admisión de que en el fondo la sociedad nuestra constituye hoy un orden social de batalla cuya potencialidad máxima está aún por aflorar. En ese contexto hay que ubicar incluso el compromiso reciente manifestado por Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad de la Patria, de Estados Unidos, de brindarle todo el apoyo de su agencia a la “Estrategia Operacional de Ley y Orden” para la Isla que le fuera presentado por el gobernador colonial Luis Fortuño.

El “derecho penal del enemigo”
De esa forma, el gobierno colonial de Puerto Rico se inscribe en la tendencia conocida como el derecho penal del enemigo que se va instaurando a diestra y siniestra en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos y Europa se ha ido instituyendo un controvertible estado de excepción para controlar y repeler el nuevo despertar de la lucha de clases y las contestaciones políticas en sus respectivas sociedades. En un mundo capitalista que se describe como gobernado en beneficio exclusivo del 1% y bajo el cual el 99 % se le ha desposeído significativamente de sus medios de vida y posibilidades de progreso, por la presente voracidad expoliadora del capital, los más se constituyen crecientemente, desde sus resistencias, en riesgos y amenazas reales o potenciales a la seguridad y dominación de los menos.

Puerto Rico constituye un ejemplo clásico de lo anterior. Si existe una crisis de seguridad en el contexto puertorriqueño, ello no se debe en el fondo al narcotráfico sino más bien a las escandalosas desigualdades sociales. He ahí la razón sin tapujos de la guerra social que se vive hace años en nuestro país, la misma que sucesivos gobernantes han ignorado o han pretendido reconocer tan sólo parcialmente sin ir a la raíz: el modo de vida capitalista-colonial imperante y sus lógicas excluyentes y depredadoras.

En la medida en que “Nosotros, el pueblo…la fuente del poder público” -según reza formalmente la Constitución Política de Puerto Rico- está evidentemente constituido en su mayoría por los condenados de esta tierra, hemos sido consiguientemente descalificados por el poder constituido. Extraño, por no decir disparatado, entendimiento de lo que es una sociedad democrática. A ello se suma la tribalización y lumpenización creciente del gobierno colonial, en sus tres ramas, con su consiguiente deslegitimación e incapacitación para gobernar en función de los problemas, las necesidades y expectativas reales de la sociedad puertorriqueña.

El gobierno se ha erigido en finca privada de los grandes intereses que apuntalan a los dos principales partidos del país, el Partido Nuevo Progresista (anexionista) y el Partido Popular Democrático (autonomista), los cuales se alternan en la administración de la colonia y sus presupuestos para beneficio de sus respectivos inversionistas o cuadros. Al pueblo que se las busque como pueda. Eso sí, luego de que descargue sus responsabilidades contributivas para alimentar las arcas públicas que sirven de sustento al rampante clientelismo e inversionismo que desangran a nuestro pueblo más que las balas del crimen organizado. Si queremos realmente poner fin a los crímenes nuestros de cada día, habrá que extirpar la desigualdad social y la corrupción política, eliminar a los traficantes de sustancias controladas así como a los traficantes de la politiquería inconsecuente.

Según una publicación de la ONU, Puerto Rico posee una de las tasas de desigualdad más altas del planeta. De 147 países incluidos en la muestra, Puerto Rico ocupa el lugar 133. El 20 por ciento más rico se apropia de casi el 60 por ciento de la riqueza nacional. Entretanto, el 20 por ciento más pobre se las tiene que ver con el 1.9 por cierto de la riqueza generada. Como resultado, el 45 por ciento de nuestra población se encuentra bajo los estándares federales de pobreza. Hasta Afganistán aparece con mayor equidad distributiva que la eufemísticamente llamada “Isla del Encanto”.

Desde Madrid a Nueva York, Moscú a San Juan, se va instaurando así un estado de dominación de hecho, bajo el cual se le pretende cerrar todo tipo de resistencia al pueblo. El Derecho, en su acepción neoliberal, pasa tan sólo a legitimar las acciones del capital y la de sus cuadros promotores, a quienes ampara en su impunidad a pesar del grave daño criminal que en la práctica le causan al bienestar común. A los excluidos que manifiesten su inconformidad con este estado de cosas, desde los indignados hasta los inmigrantes, los miserables hasta los precarizados, les espera la cárcel o los centros de detención.

En este contexto, no es de extrañarse que Puerto Rico sea el quinto país del mundo con mayor población penal per cápita o que Estados Unidos, con quien Puerto Rico se vanagloria en estar asociado, es el número uno al respecto, con más personas encarceladas que el total combinado de 36 países europeos. No debe extrañarnos, pues, que quien se autodenomina liberal, como el mandatario estadounidense, Barack Obama, se haya negado a clausurar el campo de concentración de Guantánamo; haya firmado legislación en enero pasado que posibilita la detención indefinida, sin juicio, en territorio estadounidense de ciudadanos estadounidenses por el ejército de su país; o admita públicamente que mantiene un “kill-list”, es decir, una lista de candidatos, en su calidad de “combatientes enemigos”, para su ejecución extrajudicial con los notorios “drones”. El Secretario de Justicia Eric Holder sostiene que incluso ese derecho puede ejercerse contra ciudadanos estadounidenses, como ya ha sido el caso. Entretanto, los crímenes de guerra de George W. Bush y sus adlátares siguen impunes. Peor aún: las políticas imperiales en que se sustentaron han seguido prácticamente intactas bajo el gobierno de Obama.

Guantánamo como nuevo paradigma de control
Ahora bien, si hay un hecho que simboliza la nueva era del derecho penal del enemigo, este es Guantánamo. Es la lógica última del Estado neoliberal: la existencia de un estado de guerra permanente, entre abierta y encubierta, para el sometimiento de todo foco de oposición, sea externa o interna. Ante ello, el encierro se instituye como estrategia de control absoluto. Bajo ésta, se pretende someter la sociedad toda, sin posibilidad de escape, a las lógicas normativas del capital. Constituida ya en espacio ampliado de producción social, en el que todo ha sido invadido por sus insaciables designios, incluyendo entre otras cosas la salud y la educación, así como los servicios indispensables como el agua y la electricidad, la sociedad se transforma en un espacio de la más absoluta indeterminación jurídica, es decir, un lugar sujeto absolutamente a la razón de Estado –como burdo achichincle del capital- en que el individuo está desprovisto de sus libertades fundamentales.

Hacer de la sociedad toda un campo de concentración a lo Guantánamo bajo el cual se pueda realizar el más absoluto control de la vida humana: Esa es la lógica inescapable de la actual razón de Estado bajo el neoliberalismo, en que los hechos de fuerza prevalecen sobre las cuestiones de derecho. Redefinidas así las relaciones de poder, la prisión o el campo de concentración es el espacio ampliado de dominación que se abre cuando el estado de excepción se constituye en la regla predominante en función del estado de guerra permanente.

 El filósofo italiano Giorgio Agamben califica, por ejemplo, al campo de concentración como la matriz oculta del espacio político-jurídico actual. En éste se produce una simbiosis fatal entre el derecho –esa concepción ya de por sí limitada de la libertad, según la interpretación interesada del Estado– y el poder bruto y absoluto del gobernante. A partir de ello, el gobernante, incluyendo su brazo judicial, está por encima de la ley y más acá del crimen: ambos de ahora en adelante son lo que él diga.

Si ha de resistir a la dominación en cualesquiera de sus formas, el individuo está ahora obligado a hacerlo sin las garantías acostumbradas de los derechos fundamentales, tales como el habeas corpus, la libre expresión o el derecho de asociación. Éstos han asumido la forma de meros permisos, sujetos a la discreción política del gobierno. Forzados a obedecer los efectos abusivos de tales hechos desnudos de fuerza protagonizados por las autoridades gubernamentales, a los que éstas le atribuyen arbitrariamente efectos legales, hemos sido reducidos a lo que se ha calificado como la vita nuda.

Del “sujeto de derecho” al “sujeto de libertad”
En fin, llevamos nuestra existencia en carne viva. Estamos implicados, lo sepamos o no, nos guste o no, en este resurgir de la lucha de clases como motor de la historia contemporánea.
Como demostró la exitosa lucha en Vieques, nuestros cuerpos y nuestras mentes se constituyen prácticamente en los únicos instrumentos de nuestra resistencia ante las armas represivas del gobierno, en particular sus dispositivos militares, policiales y judiciales. Las ocupaciones de playas, plazas, calles, caminos, instalaciones gubernamentales, centros laborales y universidades, entre otros, se convierten en batallas por la liberación de parcelas de nuestra vida en común usurpadas ilegítimamente por el gobierno o el capital.

Como atestiguan los temores de aquellos que fraguan nuevos mecanismos de control y represión sobre nuestro pueblo, no hay relaciones de poder sin resistencias. Y dichas resistencias ya no serán producto de ese cooptado “sujeto de derecho”, sometido invariablemente a esa institucionalidad colonial-capitalista desde la cual se le pretende someter en cuerpo y alma.

El pueblo tendrá que desbordar todo ese marco económico-político-jurídico que le atrofia sus posibilidades reales, para transfigurarse en seres vivos, reales y concretos, que hagan valer por sí mismos, sin permiso de nadie, su propia libertad. Y es que más allá del fatulo “sujeto de derecho” se encuentra el sujeto de libertad.

Fuente:
http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=96F102E703FFFADCC4028FD09768C74A

La Ley es el crimen

Escrito por Juventudes Libertarias de Madrid

Las Juventudes Libertarias de Madrid (JJLL) damos por iniciada nuestra campaña contra la justicia burguesa, así como de la dominación fundamentada en el derecho. Subimos nuestro primer texto, conjuntamente a una de las imágenes de la campaña, a la cual esperamos añadirle más material y acciones en la calle. Últimamente se oye hablar, cada vez con mayor fuerza, de la nueva reforma del actual gobierno. En este caso, una reforma del Código Penal, mayores penas, mayor represión, en época de crisis y ataques contra aquellas pequeñas victorias conseguidas tras duros enfrentamientos con el Orden Establecido. A pesar de todo esto, nosotros no pensamos que la solución se encuentre en parar este código penal, o en conseguir otro como, por ejemplo, el noruego (cuya pena máxima son 20 años de prisión, teniendo un enfoque real hacia la reinserción del preso, cosa que no encontramos aquí). Entendemos que cualquier código penal tiene como fin, reglamentar la represión que defienda el orden imperante.

Si bien a día de hoy no parece que haya nada seguro en lo que a la reforma se refiere, lo cierto es que, poco a poco y siempre a golpe de titular, empiezan a aparecer las propuestas más o menos concretas del nuevo gobierno: penar aún más la multirreincidencia, la desobediencia contra la autoridad, la piromanía, equiparar la violencia callejera, con terrorismo, o la resistencia pasiva con atentado a la autoridad, así como condenar a quienes hagan convocatorias que acaben en disturbios como un delito de integración en organización criminal, así como condenar también a aquellas organizaciones políticas, sociales y/o sindicales a las que pertenezcan detenidos en distintas movilizaciones, se aventuran como los puntos donde va a incidir la nueva reforma, y a todas ellas tenemos que añadir la implantación de la cadena perpetua revisable.

A simple vista, se trata de medidas que pueden gozar de un cierto respaldo social, como las mayores penas contra los pirómanos, aparentemente una medida inofensiva, pero que trata de agraciar a aquellos sectores de la población más sensibilizados con la cuestión ecológica, para que, de alguna manera, apoyen un código penal basado en una mayor represión. Eso mismo podemos pensar de las penas contra aquellas personas que han reincidido varias veces en la misma falta o delito, personas que han caído en dicha forma de ganarse la vida, por ser el camino más fácil para salir de la miseria a que la sociedad les ha condenado sin ellos buscarlo.

Mucho más impactantes parecen las medidas encaminadas a criminalizar la respuesta social que se plantea ante los ataques directos que los opresores, a través del estado, realizan contra los oprimidos. Medidas que se encuadran en una etapa de duros retrocesos en la lucha que desde hace décadas mantenemos oprimidos y opresores por nuestra dignidad,  volviendo ahora a condiciones laborales propias de los años 20: despido libre, salarios irrisorios y congelados, si no en retroceso, etc. A esta situación, como decimos, se añade esta reforma que pretende endurecer las penas contra aquellas personas más concienciadas y más dispuestas a plantar cara, para ir a por ellas, criminalizarlas, condenarlas y que sirva de ejemplo al resto de la sociedad para que no les sigan. Cada vez más nos acercamos a ese ideal liberal, en que el estado sólo tenga sentido como elemento represor, dejando cada vez más espacio al capital para que campe a sus anchas. Muy ligado a esto, por ejemplo, nos encontramos los casos de los centros de menores, donde nos encontramos cada vez más de estos centros, gestionados por empresas privadas, incluyendo en este sentido a los carceleros/”cuidadores”.

Mención aparte merece la llamada “prisión permanente revisable”, o cadena perpetua revisable, como se la conoce más vulgarmente. Una pena que entra en la “legalidad constitucional”, al tener como fin la reinserción del preso, sin perder de vista que en la mayoría de los casos a los que se quieren aplicar estas penas (“terroristas”), nos encontramos en realidad ante presos políticos, por lo que sería la renuncia a sus ideas lo que permitiría la reinserción del preso, que de lo contrario permanecería en la cárcel hasta la muerte. Sin embargo esto no es nada nuevo en el Estado español, existiendo en la actualidad lo que muchos denominan “cadena perpetua encubierta”, es decir, cumplimiento de penas superiores a los 20 años de cárcel. Asimismo, nos encontramos en realidad, ante uno de los códigos penales más duros que existen y, proporcionalmente, con uno de los mayores porcentajes de población reclusa (en el Estado español hay cerca de 80.000 presos, un número superior a Alemania, cuya población es el doble). Paradójicamente, nos encontramos ante uno de los países con una de las “tasas de criminalidad” más bajas de la Unión Europea. Aún con todo, los medios del capital, los mass media nos bombardean cada cierto tiempo con la idea de la inseguridad o de la necesidad de recrudecer las penas por tal o cual delito.

A pesar de todo esto, nosotros no pensamos que la solución se encuentre en parar este código penal, o en conseguir otro como, por ejemplo, el noruego (cuya pena máxima son 20 años de prisión, teniendo un enfoque real hacia la reinserción del preso, cosa que no encontramos aquí). Entendemos que cualquier código penal tiene como fin, reglamentar la represión que defienda el orden imperante.

La nueva reforma del código penal constituye el apoyo del aparato judicial al significativo aumento de la represión estatal que experimentamos; y que irá en aumento dado el nefasto panorama socioeconómico en el que nos encontramos insertos. Detenciones, cárcel, golpes, humillaciones. Control social. Desahucios, desalojos. Cargas policiales, heridos y asesinatos. Criminalización, censura. La esencia más pura del Estado. Sin embargo, el ente estatal necesita, como todo villano, de una coartada, de un subterfugio al que acogerse y que le otorgue a su descarnada represión un resquicio de supuesta racionalidad. Es entonces cuando nos encontramos todo el aparato judicial, el derecho, a saber: la ley.

El Derecho y su concreción, la ley, es la base sobre la cual el Estado pretende regir todas las relaciones y conflictos que la sociedad genera. Es la máxima voluntad de control sobre todos los aspectos de la vida social y económica. El poder, por tanto, debe justificarse y procurar atenerse a sus propias normas, a su propia reglamentación, para que así éstas no pierdan legitimidad a ojos de la población. La represión por tanto, también debe estar reglamentada y ajustarse al marco del Derecho.

El Gobierno es consciente del profundo malestar social que está generando las reformas impuestas por la burguesía y se prepara para hacerlo frente. La Reforma del Código Penal supondrá la base legal de la represión que se nos viene encima.

¿Qué hacer entonces? Algunos nos dirán que esto se debe a un “gobierno de derechas” para a continuación decirnos que ellos jamás harían eso, que les votemos en las próximas elecciones. Otros clamarán “falta de democracia” y recordarán no sabemos qué espíritu de garantía de libertades y derechos que representan las leyes. Todos ellos contribuyen a engordar la farsa que supone toda forma de gobierno de unas personas sobre otras, toda forma de Estado y toda Ley. Para nosotros, la Ley siempre beneficiará al poderoso, los legisladores son vasallos de aquellos que ostentan el poder. Cualquier forma de gobierno implica necesariamente el control social sobre los gobernados que garantice la eliminación de cualquier disconformidad con la dominación existente.

Ante su aparato represivo y judicial nosotros llamamos al empleo de nuestro más poderosa arma como explotadxs: la solidaridad y el apoyo mutuo. Nuestro entorno, nuestros compañeros, nosotros mismos y todo aquel que suponga una amenaza para la dominación está en el punto de mira. Así pues, es una problemática que nos afecta a todos, por lo que delegar en otros la tarea de defendernos de las agresiones del Estado, supondría un ejercicio de irresponsabilidad, hablamos por tanto del ejercicio de la acción directa, no reconociendo ningún intermediario, ni por supuesto a la propia justicia burguesa.

Nos da igual que sus leyes penen la desobediencia. Nos da igual que sus leyes protejan las distintas figuras de autoridad –policía, jueces, profesores…-. Nosotros no reconocemos ninguna autoridad más allá de nosotros mismos, como individuos conscientes.

No vemos crimen alguno en rebelarse contra un sistema injusto. No vemos crimen en atacar a aquellos que nos roban la vida en sus empresas, en sus escuelas, es sus centros de ocio. No vemos crimen en enfrentarnos al origen de la desigualdad y de la injusticia: el Estado y el Capital. El único crimen que existe, es la ley que reglamenta este sistema y lo protege.

CONTRA LA REPRESIÓN: SOLIDARIDAD Y ACCIÓN DIRECTA

CONTRA TODA FORMA DE AUTORIDAD

Fuente: http://www.nodo50.org/juventudesanarquistas/?e=70

Comunicado de grupos anarquistas sobre la crisis política y social en México

Al pueblo de México

A los pueblos del mundo

 En los albores del siglo XXI, el pueblo mexicano padece una crisis estructural que pone de manifiesto la descomposición social y política en la que se encuentra este país.

El eclipse electoral vivido en México, ha puesto en evidencia el colapsado encanto burgués de la democracia ficticia, de la que sólo la clase política y económica han usufructuado de "la voluntad popular".

Bajo éste contexto electoral, el pueblo mexicano padece hoy una crisis económica que ha arrojado a más de 70 millones de mexicanos a vivir en condiciones de pobreza y más de 13 millones en no tener empleo; donde la población más golpeada por el rezago económico es la indígena y campesina que tiene que encarar a éste sistema económico para no morirse de enfermedades curables o de hambre.

Bajo el  espejismo electoral, el pueblo mexicano padece una de las guerras más atroces, “la guerra contra el narcotráfico” donde los ricos, dueños de corporaciones que se dedican al trasiego y venta de drogas, pelean a muerte el control de las plazas y son los pobres los que la pagan con su vida. Más de 60 mil muertos ha arrojado su guerra. En el espectro educativo prevalece una crisis de la educación en todos sus niveles, y fundamentalmente en la educación superior se llegan a demandar más de 100 mil lugares mientras las universidades ofertan hasta 10 mil lugares (esto en la ciudad de México).

Bajo este escenario político irrumpe un movimiento autodenominado como 132, que su gran osadía se deriva de haber corrido de la universidad Iberoamericana, en su campus de Santa Fe, al criminal Enrique Peña Nieto (candidato del PRI a las elecciones de 2012). De forma vertiginosa la llamarada del 132 se extiende a otros lugares del Distrito Federal y de México en general. Sin embargo dicho movimiento ha sido rebasado no por la cantidad de quienes participan, sino por la realidad de millones de mexicanos que ya no ven en la farsa electoral una esperanza, sino un camino al suicidio democrático.

Sin embargo, quienes han asumido “el histórico” papel de “lideres” de ese movimiento, han intentado hacer mella de lo que describen los medios de comunicación (Televisa y Tv Azteca) de dicho movimiento: de ser un movimiento ejemplar y nuevo que no ensucia con sus marchas ni pinta los bellos muros de edificios comerciales que adorna la ciudad de México (que dicho sea de paso son casi todos de Carlos Slim). Con base a esto, quienes dicen encabezar a éste movimiento imponen matices de una lucha “pacifista” que resulta intolerante ante expresiones que no conciben ni concuerdan con sus definiciones democráticas de lucha.
El horizonte que ha delimitado, de manera insípida, éste movimiento es fundamentalmente exigir transparencia democrática en el proceso electoral del 2012, democratización de los medios de comunicación y movilizarse contra la imposición de Peña nieto. Ante estas prioridades, los anarquistas manifestamos que la democracia mexicana impone la usura en la voluntad del pueblo. Así todos los partidos políticos (de Izquierda a derecha) promueven la rentabilidad de la voluntad popular mediante la compra o coacción del voto, aprovechándose de la condición y la necesidad del pueblo. Todo lo anterior es ya parte de la cultura política de todos los partidos políticos de México.

Ante el horizonte delimitado y limitado del 132, manifestamos que el teatro de la democracia ficticia en México ha modelado un sistema de convivencia social normado por sectores económicos; Imponiendo la competencia descarnada, promueven la individualidad y fragmentan el sentido colectivo de la voluntad social.

Democratizar a los medios de comunicación en México, es un discurso vago que de manera cínica Azcárraga (dueño de la televisora más importante de México) y sus secuaces manifiestan abierta mente que los medios ya están democratizados. Por ello, los anarquistas proponemos no la democratización de los medios de comunicación sino la expropiación y colectivización de dichos medios. Que los medios de comunicación se conviertan en un ente colectivo controlado por el pueblo que no por el Estado.
En los albores del siglo XXI, ante la cruda electoral los anarquistas nos manifestamos que no basta con cambiarle de collar al amo, puesto que lo que ya no queremos es un amo como bien lo manifestara el Revolucionario anarquista Ricardo Flores Magon en su periódico de Regeneración en 1910.

Hacemos un llamado al pueblo de México para organizarnos por todos los sectores: en las escuelas, en el campo, en las minas, en los barrios, en las colonias, en nuestras calles, en las fábricas para declararle la guerra a la opulencia, a la opresión y la explotación. Hacemos un llamado a la organización vía auto organización para no crear falsos líder o dirigentes que nos lleven a la inmovilidad.
Por ello convocamos a una Occupy (acampadas) en todas las escuelas a partir del segundo día de clases con el lema de ¡que se vayan!.

Convocamos a todos y todas para que asistan a la mesa de análisis permanente sobre la situación actual en México (a llevarse a cabo en calle Donceles #10, metro Bellas Artes el día viernes a las 14:00pm) para valorar y contemplar acciones que tengan como objetivo generar conciencia para derrocar al gobierno.

"El cambio de amo no es fuente de libertad ni de bienestar."

                                                                                                                    Ricardo Flores Magon

Atte.: Coordinadora Antifascista, Coordinadora Estudiantil Anarquista-FAM, Colectivo Autónomo Magonista-FAM, Bloque Negro

Fuente: http://rojoynegro.info/articulo/sin-fronteras/comunicado-grupos-anarquistas-sobre-la-crisis-politica-social-mexico

Puerto Rico. Punto inconcluso en la agenda libertadora de Simón Bolivar

Escrito por Vilma Soto / Rebelión

Julio Muriente, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano de Puerto Rico (MINH), manifestó en Caracas que el colonialismo no se ha erradicado y persiste en América y el mundo.

En el Seminario sobre paz, soberanía nacional y descolonización del  XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo en Caracas del 4 al 6 de julio de 2012, Muriente recalcó que es tarea del Foro romper con el esquema de la invisibilización del colonialismo.

Señaló que se ha hecho pensar que el coloniaje se ha erradicado del continente, pero la realidad es otra: ''Existen naciones sometidas a regímenes coloniales como las Islas Malvinas, Bonaire, Curazao y Puerto Rico".

Durante su exposición del caso colonial de Puerto Rico manifestó que el país caribeño ''fue una de las primeras y últimas colonias de la monarquía española. Con el Tratado de París en 1898 España cede este país a los Estados Unidos, lo que convierte a la nación centroamericana en una de las primeras colonias de esta potencia, sin derechos fundamentales de la democracia como el ejercicio del voto y siguiendo los lineamientos del presidente estadounidense''.

Añadió que "desde 1898 en Puerto Rico se libra una batalla muy desigual frente a un poderosísimo enemigo que es el imperio estadounidense, una lucha que es por la nacionalidad".

El dirigente hostosiano afirmó que la independencia de su país es aún un punto inconcluso en la agenda libertadora de Simón Bolívar y recordó que en 1816 liberar a Cuba y a Puerto Rico era el tercer artículo de la agenda del Congreso de Panamá convocado por el Libertador, sin embargo su país mantiene un status quo de dependencia. ''Puerto Rico, a pesar de ser un Estado Libre Asociado de Estados Unidos (territorio no incorporado, o sea, colonia), sufre explotación y precariedad económica''.

Muriente explicó que Estados Unidos no es realmente un gran benefactor para Puerto Rico, ya que por cada dólar invertido en la isla, el país norteamericano obtiene 10 o 15 dólares, lo cual “representa ganancias de hasta 70.000 millones de dólares al año”.

El copresidente del MINH destacó que la dependencia de Puerto Rico de los Estados Unidos ''no se traduce en beneficios concretos y duraderos para la población puertorriqueña, ya que la realidad política de la isla es que se genera una relación cada vez mayor con el narcotráfico y se promueve la inmigración masiva''.

En las últimos dos décadas, han inmigrado a los Estados Unidos más de un millón de personas, razón por la cual “más de mitad de la población puertoriqueña radica en los Estados Unidos y no en Puerto Rico”, remarcó el dirigente independentista.

En la Declaración final del XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo celebrado en Caracas se concluyó que: Los partidos y movimientos agrupados en el Foro y otros movimientos sociales tenemos la tarea de desplegar todas las iniciativas posibles para que el tema de la independencia de Puerto Rico se convierta en un punto esencial de la agenda de las Naciones Unidas. Es inconcebible que en el siglo XXI persistan enclaves coloniales en nuestra región y en el mundo. Nos unimos al reclamo por la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera, que ha estado encarcelado en prisiones de Estados Unidos por más de 31 años, por el solo “delito” de luchar por la independencia de su patria.

 Vima Soto Bermúdez- Movimiento Independentista Nacional Hostosiano 

La Carta Magna es el destino, nuestro destino

Escrito por Noam Chomsky / La Jornada

Sucesos recientes marcan una trayectoria amenazadora, en forma suficientemente clara, que quizá valga la pena ver hacia el futuro unas cuantas generaciones, hasta el aniversario milenario de uno de los grandes hitos en el establecimiento de los derechos civiles y humanos: la creación de la Carta Magna, la cédula de las libertades inglesas que le fue impuesta al rey Juan en 1215.

Lo que hagamos ahora mismo o dejemos de hacer determinará qué tipo de mundo recibirá al aniversario. No es una perspectiva atractiva –en buena parte porque la Carta Magna está siendo desgarrada frente a nuestros ojos.

La primera edición académica de la Carta Magna fue publicada en 1759 por el jurista William Blackstone, cuya obra fue una de las fuentes de la legislación constitucional de Estados Unidos. Fue intitulada The great charter and the charter of the forest, siguiendo las prácticas previas. Ambas cartas son altamente significativas hoy día.

La primera, la Carta de las Libertades, es generalmente reconocida como la piedra toral de los derechos fundamentales de los pueblos de habla inglesa –o como expresó Winston Churchill, en forma más amplia, la carta de cualquier hombre que se respete así mismo en cualquier tiempo y cualquier tierra.

En 1679 la carta se vio enriquecida por la ley de habeas corpus, oficialmente llamada una ley para mejor aseguramiento de la libertad del sujeto y para prevenir el encarcelamiento allende los mares. La versión moderna, más severa, es llamada rendición –encarcelamiento con fines de tortura.

Junto con buena parte de la legislación inglesa, la ley fue incorporada a la Constitución de Estados Unidos, la cual afirma que el auto de habeas corpus no será suspendido salvo en caso de rebelión o invasión. En 1961, la Suprema Corte de Estados Unidos dictaminó que los derechos garantizados por esta ley fueron considerados por los fundadores como la más importante salvaguarda de la libertad.

Más específicamente, la Constitución garantiza que ninguna persona (será) privada de vida, libertad o propiedad sin el proceso debido de la ley (y) un juicio rápido y público por sus pares.

El Departamento de Justicia explicó recientemente que esas garantías han quedado satisfechas por deliberaciones internas en la rama ejecutiva, como informaron Jo Becker y Scott Shane a The New York Times el 20 de mayo. Barack Obama, el abogado constitucional de la Casa Blanca, estuvo de acuerdo. El rey Juan hubiera asentido con satisfacción.

El principio subyacente de presunción de inocencia también ha recibido una interpretación original. En el cálculo de la lista de ejecución de terroristas del presidente todo varón en edad militar en una zona de ataque es contado, de hecho, como combatiente, a menos que haya conocimiento póstumo que pruebe su inocencia, explicaron Becker y Shane. Esta determinación de inocencia posterior al asesinato es suficiente, actualmente, para mantener este principio sagrado.

Esto es sólo una muestra del desmantelamiento de la carta de todo hombre que se respete a sí mismo.

La Carta del Bosque que la acompaña es quizá incluso más pertinente hoy día. Demandaba protección del pueblo bajo o vulgo por el poder externo. Ese vulgo era la fuente de mantenimiento para la población en general –su combustible, sus alimentos, sus materiales de construcción. El Bosque no era la tierra llana. Era tierra cuidadosamente nutrida, mantenida en común, con riquezas disponibles para todos, preservada para generaciones futuras. Para el siglo XVII, la Carta del Bosque había caído víctima de la economía de materias primas, de la práctica del capitalismo y de la moralidad. Ya no protegida por cooperativas y por su uso, los comunes estaban restringidos a lo que no podía ser privatizado –una categoría que sigue reduciéndose ante nuestros ojos. El mes pasado, el Banco Mundial decretó que la multinacional minera Pacific Rim puede proceder en su caso contra El Salvador por tratar de preservar tierras y materias primas y comunidades contra la altamente destructiva minería de oro. La protección ambiental privaría a la compañía de ganancias futuras, un crimen según las reglas del régimen de derechos de inversionistas mal llamado libre comercio.

Éste es sólo un ejemplo de las luchas que se libran hoy en buena parte del mundo, algunas con violencia extrema, como en Congo, rico en recursos, donde millones de seres humanos han sido asesinados en años recientes para asegurar una reserva amplia de minerales para teléfonos celulares y otros usos, y, por supuesto, amplias utilidades.

El desmantelamiento de la Carta del Bosque trajo consigo una revisión radical de cómo los comunes son concebidos, capturada en 1968 por la influyente tesis de Garret Hardin, que asegura la libertad en los comunes nos causa ruina a todos, la famosa tragedia de los comunes. Lo que no es de propiedad privada será destruido por la avaricia individualista. La doctrina no carece de ser desafío. Elinor Olstrom ganó el Premio Nobel Memorial en Ciencias Económicas en 2009 por su trabajo para mostrar la superioridad de los comunes administrados por sus usuarios.

Pero la doctrina tiene fuerza si nosotros aceptamos el principio implícito de que los seres humanos están ciegamente impulsados por lo que los trabajadores estadunidenses, en la aurora de la revolución industrial, llamaron el nuevo espíritu de la era, obtener riqueza olvidándose de todo menos de uno mismo –doctrina que ellos condenaron amargamente como destructiva, ataque contra la naturaleza misma del pueblo.

Enormes esfuerzos se han dedicado desde entonces a inculcar el nuevo espíritu de la era. Grandes industrias dedicadas a lo que el economista político Thorstein Veblem llamó fabricar deseos –dirigir a la gente a las cosas superficiales de la vida, como el consumismo de modas” en las palabras de Paul Nystrom, profesor de mercadotecnia de la Universidad de Columbia.

De esa forma la gente puede ser atomizada, dedicada sólo a la búsqueda de ganancia personal y alejada de esfuerzos peligrosos, como pensar por su cuenta, unidos y desafiar a la autoridad.

Es innecesario pensar en los peligros extremos planteados por un elemento central de la destrucción de los comunes: la dependencia de combustibles fósiles, que plantea un desastre global. Se puede debatir acerca de los detalles, pero hay escasas dudas serias de que los problemas son demasiado reales y que en la medida que posterguemos su solución más terrible será el legado que dejemos a las próximas generaciones. La reciente conferencia de Río+20 es el esfuerzo más reciente. Sus aspiraciones eran pequeñas y su resultado irrisorio.

A la cabeza en enfrentarse a esta crisis, a lo largo del mundo, se encuentran las comunidades indígenas. La posición más firme ha sido tomada por el país que ellos gobiernan, Bolivia, el país más pobre en Sudamérica y, durante siglos, víctima de la destrucción de sus ricos recursos por occidente.

Después del ignominioso colapso de la cumbre de cambio climático global en Copenhague, en 2000, Bolivia organizó una cumbre de pueblos con 35 mil participantes de 140 países. La cumbre hizo un llamado para la severa reducción de emisiones y una Declaración de Derechos de la Madre Tierra. Ésa es una demanda clave de las comunidades indígenas de todo el mundo.

La demanda es ridiculizada por los occidentales sofisticados, pero a menos que podamos adquirir algo de la sensibilidad de las comunidades indígenas es muy probable que ellos rían al último –una risa de amarga desesperación.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/08/index.php?section=opinion&article=026a1mun

Paraguay: El golpe avisa

Escrito por Gustavo Espinoza Montesinos / (Especial para Prensa Latina)

La derecha más reaccionaria dirá que fue un hecho lamentable, pero necesario; que, en todo caso, se siguió aquí un “modelo” constitucional; y que la responsabilidad de todo, finalmente, recae en el destituido Presidente Lugo por sus informalidades y errores.

Pero lo que no querrá admitir nunca es que quienes obraron en Asunción en los últimos días de esta semana, fueron los encomenderos de Poderes con intereses definidos no sólo en el país, sino también en la región y en el mundo.

Y es que el Golpe consumado por Franco y sus acólitos en el Paraguay martirizado, no se consumó solo contra su pueblo. Fue un proyectil lanzado en el escenario latinoamericano cautelando una estrategia de dominación global que sólo puede ser atribuida al Imperio.

Golpear al Presidente Lugo fue disparar al corazón de Unasur, esa alianza sudamericana que surgió como contrapeso al poder de los Estados Unidos en nuestra América en una circunstancia en la que el gobierno de los Estados Unidos presiona a los países de la región para establecer bases militares que puedan servir a la OTAN con miras a una confrontación militar generalizada. El pretexto, es el mismo: combatir la subversión y asegurar el predominio de la “democracia occidental” en nuestros territorios.

Por eso, el segundo propósito de lo ocurrido en la capital guaraní, fue lanzar una advertencia a sus vecinos. Su origen se sitúa ciertamente más lejos.

El paso inicial se dio, ante la complicidad de los gobiernos reaccionarios de América, en Honduras el año 2010 cuando fue derrocado el régimen constitucional del Presidente Zelaya y se estableció una administración facciosa liderada por el fascista Micheletti.

Los que callaron ayer por los sucesos centroamericanos, callan hoy, pero también obrarán del mismo modo mañana, cuando el Imperio aseste un nuevo garrotazo a nuestros pueblos a fin de imponerles una vez más el yugo de la dominación.

Por eso, el Golpe de Paraguay tiene visos continentales. Como consecuencia de lo que los ciertos analistas suelen llamar “el efecto dominó”, buscará extenderse rápidamente a los países vecinos. El peligro más inmediato surge en Bolivia, donde hoy mismo una facción alzada de policías insurrectos ejecuta acciones francamente sediciosas en las calles de La Paz ante la impotencia ciudadana.

Pero el mismo peligro apunta hacia Argentina, en una circunstancia en la que se ha iniciado ya un vasto operativo desestabilizador contra la Presidenta de ese país, cuestionando -como pretexto- algunas medidas económicas orientadas a cautelar el uso de Divisas en provecho del Estado Argentino.

Pero las cosas van más allá. El Imperio no tiene sólo una estrategia de dominación local, sino continental, e incluso global. Y sabe la Casa Blanca que América Latina es una región vital para los intereses de los Estados Unidos en el Marco de una confrontación militar generalizada, como la que prepara a partir del ataque al régimen Iraní. “Cerrar” América Latina pasa por “alinear” a todos sus gobiernos bajo el bastón de mando de Washington DC. Y eso tiene que ver con una profunda mutación continental.

Para los estrategas del Imperio resulta vital acabar definitivamente con gobiernos contestatarios que cuestionen la política expansionista y succionadora de los Monopolios. Buscarán destruir, una a una todas las resistencias que surjan al mandato norteamericano.

Ecuador y Perú están de ese modo en la mira no tanto porque sus gobiernos -en el plano interno- afecten los intereses de dominación yanqui, sino básicamente porque su política exterior contradice el rumbo trazado por el Pentágono y sus halcones. Ellos necesitan, en efecto, de gobiernos que rompan con Venezuela, que se enfrenten a Cuba, que se distancien de Brasil y que aíslen a la Nicaragua Sandinista, a la que ven como el inicio de un foco infeccioso que afecta sus intereses en Centroamérica.

Se trata, por cierto, de una política de dominación en muy amplia escala en la que se dan la mano intereses de orden económico con propósitos de naturaleza militar. Unos y otros atentan contra la paz mundial, la soberanía de los Estados y los intereses de los pueblos.

En Paraguay el procedimiento seguido ha sido formalmente legal. Pero se ha ejecutado con precisión cronométrica en muy poco tiempo y sin permitir la menor posibilidad de acción a las fuerzas contrarias a este golpe.

Lugo no ha sido investigado ni juzgado. Simplemente despojado de su investidura para ser reemplazado por un Vicepresidente enemigo del proceso bolivariano de Venezuela, adversario de Unasur y crítico de los modelos de transformación hoy en marcha en América Latina.

Tras la maquinaria seudo legal estuvo el concierto de voluntades por parte de cúpulas partidistas corruptas vinculadas a la vieja estructura de dominación que mantuvo en Paraguay por muchos años a la dictadura asesina de Strossner.
Ese tipo de “alianzas” políticas se pueden construir fácilmente en cualquiera de nuestros países alentando en unos la vanidad nunca dormida y la ambición siempre despierta de caudillos eventuales y episódicos.

Una lección, por cierto. Pero, por encima de todo, una experiencia para los pueblos de América Latina. Aunque nada está finalmente dicho en Paraguay, y aunque el rechazo del pueblo guaraní a las maniobras golpistas puede aún hacer retroceder estos planes siniestros; es claro que hay que ajustar los mecanismos de participación democrática, asegurando que ellos respondan realmente a la voluntad ciudadana, y no al capricho de gonfaloneros del Imperio puestos siempre al servicio de las peores causas.

Y lo más importante de todo, asegurar que los gobiernos de los países que buscan un camino liberador, obren en consecuencia y ganen sin reticencia el cariño y el afecto de sus pueblos. Finalmente tendrán en ellos a sus únicos defensores.

*Periodista y luchador social peruano, miembro de la dirección del periódico Nuestra Bandera.

Juicio político a Fernando Lugo: Dardo al corazón de Unasur

Juan Carlos Díaz Guerrero / (Prensa Latina)



Los acontecimientos del 21 y 22 de junio en Paraguay que dieron al traste con el gobierno del presidente constitucional Fernando Lugo quedarán como otro nefasto capítulo de la historia republicana del pequeño país suramericano y de América Latina.

El golpe de Estado de nuevo tipo -llámese juicio político- aprobado por abrumadora mayoría en el Congreso por la cámara de diputados y senadores, lejos de asombrar, ratifica que la derecha paraguaya y mundial permanece al acecho de los cambios que tienen lugar hoy en Latinoamérica.

No importa que el proceso iniciado en 2008 con la asunción del exobispo católico a la presidencia no sea de los más radicales del continente ni que el poder fáctico haya permanecido intacto en los casi cuatro años que gobernó.

A las fuerzas reaccionarias paraguayas, del continente e internacional les preocupó más la manera en que la nación suramericana, de poco más de seis millones de habitantes, se fue insertando, no con pocos tropiezos, en la madeja integracionista de la región.
La amenaza de juicio político pendió como espada de Damocles sobre Lugo desde el mismo inicio de su mandato y fue utilizada más de una veintena de veces por las fuerzas políticas opositoras para tener en jaque al mandatario y su gobierno.

Entre los argumentos utilizados por la derecha en todo este período estuvieron acusaciones de incapacidad para gobernar, presuntos vínculos con el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo y con el secuestro del ganadero Fidel Zabala.

Esta feroz campaña, que no cesó un instante, incluyó también la supuesta "incitación a la lucha de clases" por parte del presidente y el escándalo por la denuncia de tres mujeres que le reclamaban la paternidad de sus respectivos hijos.

A finales del pasado año, Lugo fue acusado y amenazado con juicio político por el supuesto de haber violado el artículo 143 de la Constitución al firmar el llamado Protocolo de Montevideo, Usahia II, sobre el compromiso con la democracia.

Los gobernantes de los Estados partes y países asociados rubricaron ese documento en la cumbre del Mercado Común del Sur, celebrada en Uruguay el 20 de diciembre del 2011.

La última amenaza y a la postre la "justificación" para enjuiciar al gobernante provino de un dudoso y trágico suceso del que fueron víctimas mortales 11 campesinos y seis policías cuando estos últimos intentaron desalojar a los labriegos de una finca de un terrateniente del Partido Colorado.

Si bien nunca antes hubo consenso en el Parlamento entre las distintas fuerzas políticas, en mayoría opositora dominadas por colorados y liberales del Partido Radical Auténtico (PLRA), ahora prevaleció la casi total unanimidad en Diputados y en el Senado.

Ese es un elemento importante a tener en cuenta en un país donde alcanzar el consentimiento mayoritario pasa por intensas negociaciones con el consiguiente beneficio, y más aún, con la rivalidad política manifiesta entreliberales y coloradas, no así en el ámbito ideológico.

Téngase en cuenta que Lugo llega al gobierno sustentado por una variopinta alianza de partidos políticos y movimientos sociales, cuya base eleccionaria fundamental fue el PLRA, fuerza que lo acompañó con vaivenes a favor y en contra hasta su destitución.

El carecer de una base política y parlamentaria que lo apoyaran y el contar con una izquierda dispersa y, por momentos, asustadiza,constituyeron elementos clave de la fragilidad de su gobierno, en el que la negociación fue siempre válvula de escape.

Otros dos aspectos interesantes vinculados al cuestionado juicio político, fueron su celebración a nueve meses de los comicios generales del 2013 y la celeridad con que los legisladores de ambas cámaras se pusieron de acuerdo y lo ejecutaron.

Los partidos tradicionales vienen preparándose con todo para recuperar el espacio perdido y es bastante probable que accedan de nuevo al poder, sin un rival atrayente por parte de la izquierda y una figura que pudiera ser aglutinadora como colofón de una alianza, aunque nada está definido aún.

Resulta llamativo, además, que si en ocasiones anteriores sectores como el de la Iglesia, empresarial y ganadero se opusieron a la celebración de ese engendro constitucional, ahora hicieron mutis o aprobaron abiertamente la aplicación del artículo 225 de la Ley suprema, como fue el caso de la Conferencia Episcopal Paraguaya.

El golpe de Estado, arropado bajo una supuesta legalidad constitucional, ocurrió a escaso tiempo de que Paraguay traspase a Perú la presidencia pro tempore de la Unión de Naciones Suramericanas.
Tampoco puede obviarse que en la vecina Brasil más de un centenar de jefes de Estado y de Gobierno participaban en la reunión Río+20 sobre sostenibilidad medioambiental.

Puede interpretarse que los sucesos en la nación guaraní son un dardo envenenado disparado contra el bloque subregional y todo lo que representa desde el punto de vista de la integración de Suramérica.
Por eso, este ultraje a la democracia, sobrepasa las fronteras paraguayas y se inserta en un nuevo capítulo de vasallaje de la derecha latinoamericana e internacional contra los pueblos del continente.

No caben dudas que detrás de este siniestro plan -repetido una y otra vez en la historia de América Latina- están las manos oscuras de Estados Unidos, principal interesado en lograr el retroceso continental.

El sociólogo paraguayo Tomás Palau, fallecido recientemente, aseguró en entrevista con Prensa Latina que su país "en cierta medida, es clave para las pretensiones estadounidenses, no sólo por su ubicación geográfica, sino por la adhesión de los liderazgos políticos con respecto a la relación con Estados Unidos".
En el período de 35 años que gobernó el dictador Alfredo Stroessner (1954-1989) -dijo Palau- más de una generación de políticos se formaron en esa "incubadora", todos iguales desde el punto de vista ideológico.

Paraguay: ¿existen golpes constitucionales?

Escrito por Marcos Roitman Rosemann / La Jornada

Bien decía Engels que la ideología no se esconde en la respuesta, sino en la manera de formular las preguntas. En este caso, al aceptar la interrogante, ¿existen golpes de Estado constitucionales? asumimos que la técnica del golpe de Estado tiene doble cara. Consideramos ilegítimo el uso de la violencia descarnada y la fuerza bruta cuando se trata de acabar con un gobierno constitucional, y por otra parte un golpe de Estado de guante blanco lo catalogamos de extraordinario si no se acompaña del uso de la fuerza y la represión directa. Pero ambos son golpes de Estado constitucionales. Me explico.

El imaginario de un golpe de Estado, al menos en su forma recurrente, trae a la mano escenas en la cuales se ven militares ocupando centros neurálgicos, instaurando el toque de queda, suprimiendo libertades, ilegalizando partidos políticos, clausurando parlamentos, violando derechos humanos, asaltando palacios de gobierno y cometiendo asesinatos políticos impunemente. A este cuadro le suele acompañar un discurso apocalíptico. Se aduce un caos generalizado, la pérdida de los valores nacionales, ambición de poder, oscuros intereses de potencias malignas y planes maléficos para instaurar regímenes marxista-leninistas, socialistas o comunistas. Por consiguiente, los golpes de Estado poseen función terapéutica: eliminar el cáncer de los extremismos, restablecer la paz social y recuperar la estabilidad política. Las fuerzas armadas estarían llamadas a cumplir un deber patriótico, encarnando el lado bueno de la fuerza ante una sociedad política corrupta y decadente.

¿Qué otro motivo habría para tomar de manera ilegítima el poder si no se hace esgrimiendo la ilegitimidad del gobierno legal? Esta ha sido la receta utilizada para salvar los escollos legales y presentar a las instituciones armadas como salvadoras de la patria, amenazada por conspiraciones judeo-masónicas y comunistas. Por eso los golpes de Estado están inmersos en un debate ideológico-político. Cuentan con el apoyo de redes civiles, donde se reconocen los grandes poderes fácticos, el capital trasnacional y las multinacionales, las oligarquías terratenientes, las burguesías gerenciales y sus partidos políticos.

Los militares, salvo excepciones, no actúan por su cuenta. Son la mano ejecutora de fuerzas políticas compactas y reaccionarias que manejan, controlan y establecen los planes de la conspiración. Al tener el monopolio legítimo del uso de la violencia y el armamento necesario, son el sujeto perfecto para cumplir la misión, lo cual crea un espejismo: sólo ellos están en condiciones de llevarlo a buen fin, lo cual no es verdad. Hay casos en los que la maniobra sale mal y se producen rupturas entre las fuerzas golpistas o bien no se logra el consenso necesario para avalar el alzamiento. El golpe de Estado contra la II República española se transformó en guerra civil al defender las fuerzas armadas al gobierno constitucional.

Los golpes de Estado impulsados por las fuerzas armadas conforman estados de excepción, cuya característica intrínseca radica en su provisionalidad. Pero la verdad no siempre ha sido así. Más bien podemos afirmar lo contrario. En América Latina las fuerzas armadas, una vez en el poder, han optado por permanecer, bajo la égida de un caudillo o juntas de gobierno, siendo su duración más que sus objetivos, donde surgen los desacuerdos entre los promotores civiles y sus ejecutores directos, las fuerzas armadas. En estos casos el entente no siempre es posible. Puede haber exclusiones de aliados y represión. Esta vía tiene múltiples variables.

La realidad ha sido rica en experiencias. En algunos casos se recurre a crear partidos políticos ad hoc, realizar elecciones no competitivas o instaurar parlamentos títeres. Brasil, Nicaragua, República Dominicana, el Paraguay de Stroessner, Ecuador o Bolivia. Según qué dictadores, decidieron mantener abiertos los parlamentos y mostrar una cara democrática. En el otro extremo tenemos a Chile, donde se cerró el parlamento, se declararon ilegales los partidos de izquierda y en receso a los cómplices del oprobio. Los matices son variados: Argentina, Uruguay, Guatemala, Honduras, El Salvador. Lo cierto es que en todos la presencia de las fuerzas armadas era actor contemplado como parte de la solución, impedir el triunfo de la izquierda o la realización de programas nacionalistas, democráticos y antimperialistas.

Nadie hubiese supuesto, en este falso imaginario, que los golpes de Estado tuviesen procedencia ajena al orden militar. Es decir, proviniesen del poder legislativo, sin ir más lejos. En regímenes presidencialistas, como los latinoamericanos, durante la guerra fría en más de una ocasión asistimos a declamaciones solicitando la intervención de las fuerzas armadas. Uruguay es un caso ejemplar. El 27 de junio de 1973 su presidente, José María Bordaberry, miembro del Partido Colorado, solicitó la actuación de las fuerzas armadas con el siguiente discurso: La acción delictiva de la conspiración contra la patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones para así presentarse encubierta como actitud formalmente legal. Las fuerzas armadas acudieron al llamado. Bordaberry siguió siendo presidente tres años, previa disolución de ambas cámaras -senadores y representantes-, y el resultado fue la instauración de una dictadura cívico-militar.

Sin embargo, concluida la guerra fría hemos pasado de dictaduras de la doctrina de la seguridad nacional a regímenes políticos validados por las urnas, con una amplia gama de posiciones políticas. Se inauguraba en la década de los 90 del siglo XX un momento dulce. Democracias representativas, militares en los cuarteles y el poder político asumiendo de manera responsable los resultados electorales. Salvo, siempre, casos excepcionales. México o Haití. Los golpes de Estado a la antigua usanza pasaron al baúl de los malos recuerdos. Inclusive el gobierno de Tabaré Vázquez, en Uruguay, condenó a 30 años de prisión a José María Bordaberry por ser responsable del golpe de Estado de 1973. Nada hacía presagiar el retorno de los golpes de Estado. Pero la realidad se muestra obstinada.

Hoy no es necesario que las fuerzas armadas estén en primera línea. Los golpes de Estado pueden remitirse a los parlamentos y desbancar gobiernos legítimos. No por ello dejan de ser golpes de Estado. Ni mejores ni peores. Tal vez, menos sangrientos. Eso ya es un paso, pero igual de antidemocráticos y anclados en discursos tremendistas fundados en la existencia de nuevos enemigos internos, abuso de poder o viejos fantasmas del comunismo internacional, transformados en socialismo del siglo XXI.

Desde 2002, con el intento en Venezuela por derrocar al presidente Hugo Chávez, han resucitado, sin olvidar a Aristide en Haití y extendido a países con nuevos marcos constitucionales democráticos, cuyo articulado reconoce mayor soberanía y declara la ciudadanía plena en el ejercicio del poder. Ecuador y Bolivia. No es el caso de Honduras y Paraguay, cuyas constituciones nacidas en los años 90 del siglo XX tienen el espíritu neoliberal y neoligárquico procedente de la guerra fría. Por este motivo y no otro el parlamento paraguayo ha decidido romper la voluntad del pueblo expresada en las urnas. La destitución del presidente Lugo es tan golpe de Estado como los anteriores. Su triunfo expresa un sueño de la derecha latinoamericana en los años del anticomunismo. Ojalá, piensan, todos los golpes hubieran tenido esta cara amable. Nadie los acusaría de antidemócratas, violadores de los derechos humanos o criminales de lesa humanidad.

Detrás del golpe: nuevas bases en Paraguay

Escrito por Stella Calloni / La Jornada

Mientras se realizaba el juicio político “express” contra el presidente democráticamente elegido en Paraguay, Fernando Lugo, el pasado 22 de junio, considerado “ilegal” por los países vecinos, diputados paraguayos se reunían con militares de Estados Unidos, para negociar la instalación de una base militar en el Chaco, un territorio extenso y despoblado en ese país.

El diputado José López Chávez que respondía al grupo disidente del Partido Colorado, la UNACE, encabezado por el golpista general Lino Oviedo, con el cuál tiene algunas diferencias, y presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja de ese país, confirmó su “esperanza” de que Estados Unidos, instale Bases militares en el Chaco, según fuentes del ABC Color ( www.abc color.com. py).

De acuerdo con este medio , el más poderoso complejo mediático de la derecha en Paraguay y clave en la destitución del presidente Lugo, el diputado López Chávez -un hombre acusado de conductas mafiosas- confirmó que dialogó con jefes militares estadounidenses sobre la posibilidad de instalar las bases, aunque el tema está siendo analizado por el Pentágono

Hablando con una radio paraguaya (789 AM) el legislador argumentó que “es necesario” instalar estas bases ya que, según su apreciación, Bolivia “constituye una amenaza para Paraguay debido a la carrera armementista que desarrolla”. Además argumenta que su país necesita mejorar su seguridad en esas zonas despobladas.

El posible acuerdo bilateral además llevaría al lugar “ayuda humanitaria” de contingentes de tropas estadunidenses” para la población local. Como se sabe la “acción Cívica ” y “ayuda humanitaria”, que ya han realizado tropas de Estados Unidos en Paraguay, a las que se dio inmunidad diplomática en mayo de 2005, es un esquema de contrainsurgencia, de espionaje y control poblacional y territorial.

De acuerdo a las fuentes, esta propuesta tomó estado público el pasado 23 de junio “luego de un encuentro entre referentes de la Comisión de Defensa de diputados con un grupo de generales de Estados Unidos que llegó al país para dialogar sobre eventuales acuerdos de cooperación.”

Esta precisamente podría ser una de las causas de la rapidez con que se sacó a Lugo del medio por los compromisos con el Mercado Común del Sur y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) lo que no hubiera permitido avanzar en este proceso de bases.

En 2009 Lugo había rechazado, aunque débilmente la posibilidad de maniobras grandes del Comando Sur en Paraguay, aduciendo los compromisos con los países asociados.

Pero desde mayo de 2005 -antes de la llegada de Lugo al gobierno- se permitió el ingreso de tropas de Estados Unidos a ese país, con inmunidad, permiso de libre tránsito y permanencia para sus soldados con vigencia hasta diciembre de 2006 y prorrogable automáticamente como en ese momento publicó el periódico La Jornada.

Fue uno de los golpes más fuertes que Washington descargó sobre el Mercosur. Renunciando a su poder jurisdiccional, ya que las tropas pueden trasegar armamentos, equipos y medicamentos y actuar en cualquier lugar del territorio, sin nuevas autorizaciones en esos momentos, entró el primer contingente de 400 soldados y grupos especiales.

En realidad en Paraguay este tipo de tropas nunca se fueron. Cuando el dictador Alfredo Stroessner fue derrocado por un golpe “entre amigos” en febrero de 1989, se mantuvieron en el poder, militares que habían participado de esa larga dictadura (1954-1989). Paraguay perdió entonces el derecho de investigar los delitos que pudieran cometer las tropas extranjeras y no podrá demandar a Washington ante la Corte Penal Internacional, violando su propia legislación.

En Paraguay informes detallados de analistas militares advirtieron sobre la poderosa infraestructura de Estados Unidos en un país de importancia geoestratégica porque limita con Bolivia, Brasil, Argentina y está con relativa cercanía de otros, donde hay bases estadunidenses.

También los militares del Comando Sur, han marcado el territorio que está sobre el extenso Acuífero guaraní, uno de los más grandes de agua potable del mundo ubicado en la Triple Frontera que tiene Paraguay con Argentina y Brasil.
De acuerdo a los informes militares todos los cuarteles paraguayos cercanos a las fronteras, están preparados como infrastructura para las tropas de Estados Unidos, que incluso han cavado pozos artesanos, para agua potable, supuestamente para campesinos, que en realidad estos no utilizan.

De la misma manera el cuartel Mariscal Estigarribia, situado sólo a 250 Km de Bolivia, tiene una pista de casi tres mil metros de largo, en un país, que tiene escasas Fuerza Aéreas.

Esa pista la construyeron las tropas estadunidenses, e incluso la modernizaron en los últimos años y está diseñada para recibir los aviones Galaxy y otras naves de Estados Unidos portadoras de equipos, armamento en gran escala, como también está preparada la pista de la Base de Palmerola en Honduras . De la misma manera allí pueden ubicarse miles de soldados, si se requiere hacerlo en cualquier momento.

Está señalada como una de las bases -en este caso una poderosa infraestructura- entre las que tiene Estados Unidos en América Latina.

Sin embargo, es evidente que ante la ofensiva que está en marcha sobre los gobiernos de Sudamérica, que posibilitaron un escenario golpista en Bolivia y Paraguay, en los días de junio de este año, así como conatos desestabilizadores en Argentina, necesitan ubicar más tropas en ese lugar estratégico.

La noticia de estos acuerdos hablados entre los corruptos diputados ligados a la pasada dictadura y los generales estadunidensea, no sorprende en estas circunstancias. Y precisamente en un país donde la lucha por las tierras robadas y “malhabidas”, como las caracterizó la Comisión por la Memoria, Verdad y Justicia , el conflicto social es una cuestión permanente.

Para los campesinos recuperar sus tierras es una cuestión de vida o muerte. Especialmente por los ataques de los llamados “brasiguayos” y sus grupos de choque, empresarios sojeros de Brasil, pero como sostiene Martín Alamda defensor de derechos humanos, forman parte de las grandes corporaciones como Monsanto que avanzan sobre el continente.

Detrás de la destitución de Lugo, hay una serie de elementos que deben verse como un golpe estratégico para el proyecto de desestabilización tendiente a golpear a la integración latinoamericana.

El fin de la soberanía nacional y las naciones-Estado

Escrito por Esteban Cabal / Rebelión

Parece que nadie ha reparado, hasta ahora, en una de las principales consecuencias de la globalización económica: la desaparición de las soberanías nacionales, el fin de la era de las naciones-Estado iniciada con la Independencia de los Estados Unidos en 1783 y la Revolución Francesa en 1789.
La ONU está integrada por 193 países. Sin embargo, más allá de las apariencias y los formalismos, ya no se trata de naciones-Estado sino de administraciones territoriales desprovistas de soberanía plena.

Lo que en realidad estamos contemplando en este momento histórico es el nacimiento de un nuevo modelo político, destinado a sustituir al viejo modelo de las naciones-Estado. Un modelo que se consolida a medida que la globalización despoja a los países de su soberanía y se configura un sistema de gobernanza mundial.

El “Nuevo Orden Mundial” que todos los últimos presidentes de Estados Unidos y de los países europeos anuncian efusiva y reiteradamente desde el atentado de 2001 contra las Torres Gemelas no es más que el nombre con el que la elite de las altas finanzas ha bautizado a su proyecto político cuya finalidad última es el establecimiento de un Gobierno Mundial, lo que implica la desaparición, después de dos siglos, de las naciones-Estado, los países soberanos.

En última instancia, la globalización es un proceso de transferencia de soberanía desde las naciones-Estado hacia corporaciones privadas o instituciones transnacionales o internacionales.

El concepto de “soberanía nacional” fue acuñado en la Revolución Francesa y tuvo su plasmación por primera vez en el artículo 3 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano : "toda soberanía reside esencialmente en la nación". La soberanía es el ejercicio de la autoridad. El diccionario de la Real Academia Española define la soberanía como la autoridad suprema del poder público.

Si bien Rousseau fue el creador del concepto de soberanía popular, fue Sieyès, uno de los teóricos de las constituciones de la Revolución Francesa y de la era napoleónica , quien se encargó de desarrollar la noción de soberanía nacional. Para Sieyès, la soberanía está radicada en la nación y no en el pueblo, ya que también se debe tener en cuenta el legado histórico y cultural, y los valores bajo los cuales se ha fundado dicha nación.

En el ámbito del derecho internacional, la soberanía se refiere al derecho de un Estado para ejercer sus poderes. La violación de la soberanía de un país puede dar lugar a un conflicto bélico.

En la actualidad las naciones-Estado tiene una capacidad cada vez más limitada para “ejercer su autoridad”, mientras que las grandes corporaciones privadas y las instituciones globales o multinacionales tienen cada vez mayor poder de decisión sobre las cuestiones fundamentales que afectan a la ciudadanía.

Las naciones-Estado -y sus órganos “soberanos”- han quedado reducidas a su mínima expresión, se han convertido en una caricatura de lo que antaño fueron. Ningún país tiene verdadera libertad para legislar, no ya solo por la obligatoriedad de respetar multitud de acuerdos y tratados internacionales o transnacionales sino por el chantaje permanente al que se ven sometidos por parte de los mercados y los lobbies privados. La interdependencia económica y tecnológica instituida a través de la globalización convierte a las naciones-Estado en rehenes de los poderes fácticos. Por otra parte, el creciente endeudamiento de los Estados acentúa su subordinación respecto a “los mercados” eufemismo utilizado para referirse a los banqueros internacionales.

La crisis sistémica -económica y financiera- que estalló en 2008 está acelerando aún más esa transferencia de soberanía, el “Gobierno Mundial” ha dejado de ser una quimera y ha empezado a tomar cuerpo a través de corporaciones privadas que ejercen auténticos oligopolios sobre sectores estratégicos de la economía gracias al imparable proceso privatizador inherente a la globalización.

Las naciones- Estado ya no controlan la gestión de los recursos naturales, las materias primas, la energía. Por ejemplo, la soberanía alimentaria les ha sido arrebatada a través de multinacionales como Monsanto que controlan la producción agropecuaria, la distribución de los productos y el mercado de las semillas. Un grupo de 10 megacorporaciones semisecretas, que ni siquiera cotizan en bolsa, controlan casi por completo el mercado mundial de materias primas.

Otro ejemplo paradigmático lo tenemos en la producción energética, cada vez más alejada del control público. El abastecimiento energético es vital y está en manos de muy pocas megacorporaciones privadas, lo que convierte a los Estados en dependientes de los poderes privados, limitando su soberanía.

Por otra parte, las multinacionales químico-farmacéuticas poseen la patente de los principales medicamentos y ejercen un monopolio efectivo sobre la salud, lo que invalida la capacidad de los Estados para gestionar el ámbito sanitario, máxime cuando la enseñanza y la investigación dependen por completo de las aportaciones de estas empresas privadas.

También podemos hablar del agua potable, que por imposición del Banco Mundial, el FMI y el G-8 está siendo sometida a un acelerado proceso de privatización en todo el mundo. Si las naciones-Estado ni siquiera pueden gestionar sus acuíferos, ¿qué queda de su soberanía?

Instituciones como la OTAN o el Consejo de Seguridad de la ONU, con sus cada vez más pertrechados y activos Cascos Azules, limitan la soberanía de las naciones en materia de seguridad. Ya no son necesarios los ejércitos nacionales. Los conflictos internacionales e incluso los propios de cada nación (como vimos en el caso del derrocamiento del gobierno libio de Gadafi), son cada vez más competencia de estas instituciones militares que tienden a configurar un Ejército Mundial único. De hecho existe un proceso silencioso y silenciado de desmantelamiento de las estructuras militares nacionales, cada vez más subordinadas a organismos globales.

Pero quizás donde se hace más patente la merma de la soberanía nacional es en política monetaria. Muchos gobiernos han cedido la capacidad legal de emisión de moneda a corporaciones privadas o semiprivadas. El público en general desconoce esta realidad, pero lo cierto es que la Reserva Federal de los Estados Unidos es un consorcio privado, integrado desde su fundación por 13 bancos privados de Europa y América. Otros muchos Bancos Centrales, como el de Inglaterra, son igualmente privados. También es poco conocido el papel que juega el Banco Internacional de Pagos (el BIS o Banco de Basilea, con sede en Suiza), que es el Banco Central de los Bancos Centrales, y del que dependen en buena medida las políticas monetarias de la mayoría de los países. El BIS es una poderosa herramienta globalizadora en manos de corporaciones privadas y trabaja en detrimento de las soberanías nacionales.

Tampoco podemos olvidar que 27 países europeos han cedido su soberanía monetaria al Banco Central Europeo con sede en Frankfurt, Alemania. Y todos los economistas coinciden en señalar que sin soberanía monetaria no puede existir independencia económica ni soberanía política. De ahí que la crisis del euro solo pueda tener como desenlace lo que se conoce como “gobernanza económica europea”, que consiste en la cesión de la soberanía fiscal y económica de los países europeos a una entidad no democrática cuyo funcionamiento no es transparente ni está expuesto al escrutinio público: la Comisión Europea.

En un mundo sometido a la dictadura de los mercados, donde el verdadero poder efectivo no reside en el pueblo, ni siquiera en las naciones, sino en corporaciones privadas globales, ¿qué soberanía, qué autoridad, le queda a los Estados? Los políticos ya no gobiernan, solo administran, son meros gestores al servicio de las grandes corporaciones que, por otra parte, son quienes financian sus campañas electorales. Las “democracias” han dejado de serlo. Mientras los Estados adelgazan, las corporaciones engordan. La facturación de algunas corporaciones es infinitamente superior a los presupuestos anuales de muchos gobiernos medianos y grandes, incluso supera el Producto Interior Bruto de muchos países. Por volumen de negocios (ingresos versus IPC), Nestlé es más grande que Nigeria, Unilever es más grande que Pakistán, Volkswagen es más grande que Nueva Zelanda, BP es más grande que Venezuela, IBM es más grande que Egipto, General Electric es más grande que Filipinas, Ford es más grande que Portugal, Exxon es más grande que Grecia, Shell es más grande que Arabia Saudí, General Motors es más grande que Dinamarca.

Vacías de contenido, de competencias efectivas, las naciones-Estado son cáscaras huecas, cadáveres, un emergente poder privado global ha decretado su caducidad y tenderán progresivamente a desaparecer. Por tanto, después de 200 años de vigencia de un modelo político mundial basado en los Estados-nación, nos encontramos por primera vez ante la aparición de un nuevo modelo que amenaza a la humanidad con desmantelar el Estado del Bienestar (consolidado a través de un siglo de luchas y conquistas sociales), y con la instauración de un Gobierno Mundial privado de corte plutocrático.

La caída del muro de Berlín en 1989 puso fin a la guerra fría y a un mundo geopolíticamente bipolar. Muchos creyeron adivinar el advenimiento de un mundo unipolar dominado por occidente con Estados Unidos a la cabeza. Sin embargo la globalización ha tenido también otra consecuencia colateral: la irrupción de los llamados “países emergentes” en la escena internacional. Con el BRIC (Brasil, Rusia, India y China) el mundo es geopolíticamente multipolar.

Obviamente, un mundo multipolar es una amenaza para el proyecto de la elite globalista: el Nuevo Orden Mundial es, por definición, unipolar. Esta es la razón por la que estamos ante una especie de segunda guerra fría y existe una creciente tensión entre las fuerzas globalistas plutocráticas y los países emergentes, en cuyo campo no solo militan los países del BRIC, sino también muchos otros como Venezuela, Irán Sudáfrica, Myanmar (Birmania), Vietnam, etc., que por sus recursos confieren un extraordinario poder al polo opuesto al cártel plutocrático de los banqueros internacionales.

En medio de este escenario geopolítico, ¿debemos oponernos al Nuevo Orden Mundial, a un Gobierno Mundial que implica la desaparición definitiva de las naciones-Estado? La globalización económica ha sido, está siendo, catastrófica para la mayoría de las economías nacionales y para la biodiversidad, y nos conduce irremediablemente al colapso social, económico y ecológico generalizado. Sin embargo, es cierto que los problemas sociales y ambientales no tienen fronteras, por lo que necesitamos instituciones políticas globales, incluso un cuerpo legislativo global. Por tanto, debemos ser “nacionalistas” en lo económico, otorgando el máximo poder en éste ámbito a las instituciones locales y regionales, pero favoreciendo una cierta globalización política en materia de derechos, de justicia social y ambiental.

Cierto es que las naciones-Estado es un modelo artificial, agotado e inapropiado para el mundo del siglo XXI. Lo que en ningún caso podemos favorecer es la plutocracia, el advenimiento de un gobierno mundial privado de las elites globalistas que quieren acabar con el Estado del Bienestar y retrotraernos al feudalismo, reinstaurando la esclavitud, aunque sea una esclavitud consentida gracias a sus sofisticadas técnicas de distracción y control social. En ese sentido, el polo que configuran los BRIC y sus aliados potenciales supone un antídoto para frenar el peligrosísimo avance del proyecto político plutocrático de las oligarquías euro-americanas.

Hoy por hoy el BRIC no constituye un proyecto global alternativo, no existe el riesgo de que transitemos de forma abrupta desde la hegemonía de los Estados Unidos y sus aliados hacia la hegemonía de una nueva superpotencia como China. Desde luego, no podemos compartir el modelo político de China, ni de Rusia, ni de ninguno de los países emergentes, tanto por sus déficits democráticos como por su insuficiente sensibilidad social y ecológica; no podemos alinearnos sin más a favor de los BRIC, pero debemos ser conscientes de que su fuerza aleja el fantasma de la pesadilla orweliana que representa el cártel de los banqueros internacionales y las megacorporaciones.

A estas alturas de la crisis mundial, económica, energética y ecológica, es obvio que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo, un sistema productivo más sostenible, lo que ineludiblemente pasa por el decrecimiento. Esto implica acabar con la economía de casino, la desregulación y la especulación sin límites que nos ha llevado al divorcio entre la riqueza real y la masa monetaria en su sentido más amplio. Hay que poner fin al actual sistema bancario y monetario, a la supremacía del dólar como moneda internacional, acabar con el mercado de los derivados financieros, con la delirante megaestafa de los CDS cuyo volumen de negocios es superior a toda la riqueza mundial, eliminar los paraísos fiscales que custodian 10 billones de euros de dinero negro, los privilegios de las grandes fortunas, y tal vez suprimir los Bancos Centrales, racionalizar la producción y el consumo, frenar el deterioro ecológico y buscar solución al inminente fin del petróleo barato (el pico petrolero), cambiando el modelo económico y energético petrodependiente por un modelo basado en la equidad social, la responsabilidad ambiental, la descentralización económica y energética, implementando necesariamente la eficiencia y las energías renovables.

Esto que parece tan evidente constituye el mayor desafío de la humanidad en este siglo XXI. Pero tampoco debemos olvidar que el sistema capitalista actual, tal como nos revela el poco conocido Informe Iron Mountain, es un sistema basado en el miedo y la guerra permanente, y que sustituirlo por un sistema más justo, basado en la solidaridad, los derechos humanos y la paz, es un reto impostergable que sólo puede ser afrontado con éxito desde un cambio radical de conciencia, erradicando la usura y la corrupción, impregnando de nuevos valores a las instituciones políticas y económicas, lo que requiere enormes dosis de sentido común y perspicacia.

El capitalismo puede y debe ser sustituido porque es incompatible con la paz y los derechos humanos. Pero la alternativa a la “soberanía nacional” de Sieyés sigue siendo la “soberanía popular” de Rousseau, la democracia directa, transparente, participativa, y de ningún modo nos podemos encomendar al gobierno plutocrático de las elites. A la sociedad de consumo sólo puede sucederle la sociedad del conocimiento.