El Código Penal del enemigo

Escrito por Carlos Rivera Lugo / Claridad

El gobierno colonial de Puerto Rico acaba de declarar al ciudadano puertorriqueño su enemigo. Bajo el nuevo Código Penal aprobado el pasado 30 de junio por su brazo legislativo, se le ha prohibido al ciudadano puertorriqueño el ejercicio de su libertad inalienable y consustancial como ser humano, la que incluye, por cierto, la libertad de protestar y rebelarse contra las actuaciones ilegítimas y arbitrarias de sus gobernantes. De aquí en adelante, todo ciudadano se presume sospechoso o, peor aún, real o potencialmente culpable.

Por ejemplo, en el artículo 297 del nuevo Código, se prohíbe cualquier expresión de protesta que “perturbe”, “interrumpa” o “impida” la operación de la Asamblea Legislativa colonial. Otro artículo, el 247, tipifica como delito toda protesta que obstruya el acceso a o afecte las labores regulares en instituciones de enseñanza, centros de salud o edificios gubernamentales. Finalmente, el artículo 200 define como delito la protesta contra “obras de construcción o movimientos de terreno”, que hayan recibido las autorizaciones pertinentes del gobierno. Las medidas van dirigidas específicamente a proscribir las actividades contestatarias de los trabajadores, los estudiantes, las comunidades, los movimientos sociales y políticos contra las decisiones y actuaciones corruptas y arbitrarias del gobierno colonial y los grandes intereses económicos que operan en la Isla.

Ello sintoniza con la reorientación del Tribunal Supremo de Puerto Rico, bajo cuya mayoría actual se han invisibilizado los derechos constitucionales y adquiridos de los trabajadores; se han proscrito los reclamos ambientales de las comunidades; y hasta se ha proscrito una Facultad de Derecho alternativa, la Eugenio María de Hostos, con sede en Mayagüez. El Estado de Derecho se ha hecho relativo a la eficacia de las decisiones políticas del partido que hoy administra la colonia, de corte abiertamente anexionista y neoliberal.

De espaldas a su condición de “sujeto de derechos”, al puertorriqueño se le ha declarado “enemigo” real o potencial del orden establecido. Del Estado de derecho se ha pasado al Estado de seguridad. Es la mayor admisión de que en el fondo la sociedad nuestra constituye hoy un orden social de batalla cuya potencialidad máxima está aún por aflorar. En ese contexto hay que ubicar incluso el compromiso reciente manifestado por Janet Napolitano, la secretaria de Seguridad de la Patria, de Estados Unidos, de brindarle todo el apoyo de su agencia a la “Estrategia Operacional de Ley y Orden” para la Isla que le fuera presentado por el gobernador colonial Luis Fortuño.

El “derecho penal del enemigo”
De esa forma, el gobierno colonial de Puerto Rico se inscribe en la tendencia conocida como el derecho penal del enemigo que se va instaurando a diestra y siniestra en el mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos y Europa se ha ido instituyendo un controvertible estado de excepción para controlar y repeler el nuevo despertar de la lucha de clases y las contestaciones políticas en sus respectivas sociedades. En un mundo capitalista que se describe como gobernado en beneficio exclusivo del 1% y bajo el cual el 99 % se le ha desposeído significativamente de sus medios de vida y posibilidades de progreso, por la presente voracidad expoliadora del capital, los más se constituyen crecientemente, desde sus resistencias, en riesgos y amenazas reales o potenciales a la seguridad y dominación de los menos.

Puerto Rico constituye un ejemplo clásico de lo anterior. Si existe una crisis de seguridad en el contexto puertorriqueño, ello no se debe en el fondo al narcotráfico sino más bien a las escandalosas desigualdades sociales. He ahí la razón sin tapujos de la guerra social que se vive hace años en nuestro país, la misma que sucesivos gobernantes han ignorado o han pretendido reconocer tan sólo parcialmente sin ir a la raíz: el modo de vida capitalista-colonial imperante y sus lógicas excluyentes y depredadoras.

En la medida en que “Nosotros, el pueblo…la fuente del poder público” -según reza formalmente la Constitución Política de Puerto Rico- está evidentemente constituido en su mayoría por los condenados de esta tierra, hemos sido consiguientemente descalificados por el poder constituido. Extraño, por no decir disparatado, entendimiento de lo que es una sociedad democrática. A ello se suma la tribalización y lumpenización creciente del gobierno colonial, en sus tres ramas, con su consiguiente deslegitimación e incapacitación para gobernar en función de los problemas, las necesidades y expectativas reales de la sociedad puertorriqueña.

El gobierno se ha erigido en finca privada de los grandes intereses que apuntalan a los dos principales partidos del país, el Partido Nuevo Progresista (anexionista) y el Partido Popular Democrático (autonomista), los cuales se alternan en la administración de la colonia y sus presupuestos para beneficio de sus respectivos inversionistas o cuadros. Al pueblo que se las busque como pueda. Eso sí, luego de que descargue sus responsabilidades contributivas para alimentar las arcas públicas que sirven de sustento al rampante clientelismo e inversionismo que desangran a nuestro pueblo más que las balas del crimen organizado. Si queremos realmente poner fin a los crímenes nuestros de cada día, habrá que extirpar la desigualdad social y la corrupción política, eliminar a los traficantes de sustancias controladas así como a los traficantes de la politiquería inconsecuente.

Según una publicación de la ONU, Puerto Rico posee una de las tasas de desigualdad más altas del planeta. De 147 países incluidos en la muestra, Puerto Rico ocupa el lugar 133. El 20 por ciento más rico se apropia de casi el 60 por ciento de la riqueza nacional. Entretanto, el 20 por ciento más pobre se las tiene que ver con el 1.9 por cierto de la riqueza generada. Como resultado, el 45 por ciento de nuestra población se encuentra bajo los estándares federales de pobreza. Hasta Afganistán aparece con mayor equidad distributiva que la eufemísticamente llamada “Isla del Encanto”.

Desde Madrid a Nueva York, Moscú a San Juan, se va instaurando así un estado de dominación de hecho, bajo el cual se le pretende cerrar todo tipo de resistencia al pueblo. El Derecho, en su acepción neoliberal, pasa tan sólo a legitimar las acciones del capital y la de sus cuadros promotores, a quienes ampara en su impunidad a pesar del grave daño criminal que en la práctica le causan al bienestar común. A los excluidos que manifiesten su inconformidad con este estado de cosas, desde los indignados hasta los inmigrantes, los miserables hasta los precarizados, les espera la cárcel o los centros de detención.

En este contexto, no es de extrañarse que Puerto Rico sea el quinto país del mundo con mayor población penal per cápita o que Estados Unidos, con quien Puerto Rico se vanagloria en estar asociado, es el número uno al respecto, con más personas encarceladas que el total combinado de 36 países europeos. No debe extrañarnos, pues, que quien se autodenomina liberal, como el mandatario estadounidense, Barack Obama, se haya negado a clausurar el campo de concentración de Guantánamo; haya firmado legislación en enero pasado que posibilita la detención indefinida, sin juicio, en territorio estadounidense de ciudadanos estadounidenses por el ejército de su país; o admita públicamente que mantiene un “kill-list”, es decir, una lista de candidatos, en su calidad de “combatientes enemigos”, para su ejecución extrajudicial con los notorios “drones”. El Secretario de Justicia Eric Holder sostiene que incluso ese derecho puede ejercerse contra ciudadanos estadounidenses, como ya ha sido el caso. Entretanto, los crímenes de guerra de George W. Bush y sus adlátares siguen impunes. Peor aún: las políticas imperiales en que se sustentaron han seguido prácticamente intactas bajo el gobierno de Obama.

Guantánamo como nuevo paradigma de control
Ahora bien, si hay un hecho que simboliza la nueva era del derecho penal del enemigo, este es Guantánamo. Es la lógica última del Estado neoliberal: la existencia de un estado de guerra permanente, entre abierta y encubierta, para el sometimiento de todo foco de oposición, sea externa o interna. Ante ello, el encierro se instituye como estrategia de control absoluto. Bajo ésta, se pretende someter la sociedad toda, sin posibilidad de escape, a las lógicas normativas del capital. Constituida ya en espacio ampliado de producción social, en el que todo ha sido invadido por sus insaciables designios, incluyendo entre otras cosas la salud y la educación, así como los servicios indispensables como el agua y la electricidad, la sociedad se transforma en un espacio de la más absoluta indeterminación jurídica, es decir, un lugar sujeto absolutamente a la razón de Estado –como burdo achichincle del capital- en que el individuo está desprovisto de sus libertades fundamentales.

Hacer de la sociedad toda un campo de concentración a lo Guantánamo bajo el cual se pueda realizar el más absoluto control de la vida humana: Esa es la lógica inescapable de la actual razón de Estado bajo el neoliberalismo, en que los hechos de fuerza prevalecen sobre las cuestiones de derecho. Redefinidas así las relaciones de poder, la prisión o el campo de concentración es el espacio ampliado de dominación que se abre cuando el estado de excepción se constituye en la regla predominante en función del estado de guerra permanente.

 El filósofo italiano Giorgio Agamben califica, por ejemplo, al campo de concentración como la matriz oculta del espacio político-jurídico actual. En éste se produce una simbiosis fatal entre el derecho –esa concepción ya de por sí limitada de la libertad, según la interpretación interesada del Estado– y el poder bruto y absoluto del gobernante. A partir de ello, el gobernante, incluyendo su brazo judicial, está por encima de la ley y más acá del crimen: ambos de ahora en adelante son lo que él diga.

Si ha de resistir a la dominación en cualesquiera de sus formas, el individuo está ahora obligado a hacerlo sin las garantías acostumbradas de los derechos fundamentales, tales como el habeas corpus, la libre expresión o el derecho de asociación. Éstos han asumido la forma de meros permisos, sujetos a la discreción política del gobierno. Forzados a obedecer los efectos abusivos de tales hechos desnudos de fuerza protagonizados por las autoridades gubernamentales, a los que éstas le atribuyen arbitrariamente efectos legales, hemos sido reducidos a lo que se ha calificado como la vita nuda.

Del “sujeto de derecho” al “sujeto de libertad”
En fin, llevamos nuestra existencia en carne viva. Estamos implicados, lo sepamos o no, nos guste o no, en este resurgir de la lucha de clases como motor de la historia contemporánea.
Como demostró la exitosa lucha en Vieques, nuestros cuerpos y nuestras mentes se constituyen prácticamente en los únicos instrumentos de nuestra resistencia ante las armas represivas del gobierno, en particular sus dispositivos militares, policiales y judiciales. Las ocupaciones de playas, plazas, calles, caminos, instalaciones gubernamentales, centros laborales y universidades, entre otros, se convierten en batallas por la liberación de parcelas de nuestra vida en común usurpadas ilegítimamente por el gobierno o el capital.

Como atestiguan los temores de aquellos que fraguan nuevos mecanismos de control y represión sobre nuestro pueblo, no hay relaciones de poder sin resistencias. Y dichas resistencias ya no serán producto de ese cooptado “sujeto de derecho”, sometido invariablemente a esa institucionalidad colonial-capitalista desde la cual se le pretende someter en cuerpo y alma.

El pueblo tendrá que desbordar todo ese marco económico-político-jurídico que le atrofia sus posibilidades reales, para transfigurarse en seres vivos, reales y concretos, que hagan valer por sí mismos, sin permiso de nadie, su propia libertad. Y es que más allá del fatulo “sujeto de derecho” se encuentra el sujeto de libertad.

Fuente:
http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=96F102E703FFFADCC4028FD09768C74A